La Generalitat permite el Ikea de Alicante pese a los tejemanejes de la alcaldesa con un promotor urbanístico
La Conselleria de Infraestructuras sigue adelante con los trámites para permitir la instalación de Ikea en Alicante pese a que los cambios urbanísticos realizados para ello están bajo sospecha: un informe de 800 folios de la policía nacional alerta de los tejemanejes entre la alcaldesa, Sonia Castedo, y el constructor más poderoso de la ciudad, Enrique Ortiz.
Castedo, hostigada por sus compañeros del PP para que deje el cargo, ya ha sido imputada por supuesta prevaricación y tráfico de influencias en este asunto. El juez ha detectado indicios de que la alcaldesa, también imputada por la trama Brugal, alteró el planeamiento urbanístico de la ciudad “para beneficiar los intereses del empresario Enrique Ortiz”, propietario de los terrenos donde quiere instalarse la multinacional sueca.
Por ello, Esquerra Unida, la formación que denunció el supuesto amaño en los tribunales, solicitará en las Corts Valencianes la paralización del Plan Rabassa, el área de Alicante donde se instalaría la tienda y se permitiría la construcción de hasta 13.000 viviendas. Esa actuación “podría ser el resultado de ese supuesto pelotazo urbanístico que se podría haber estado urdiendo en los despachos de la señora Castedo y del señor Ortiz desde hace años”, asegura Esther López Barceló.
La parlamentaria advierte de que dar luz verde a un plan hecho bajo la sombra de la corrupción significaría que la Generalitat “estaría en clara connivencia con la alcaldesa”.Sin embargo, en la Conselleria de Infraestructuras, el departamento encargado de supervisar el desarrollo urbanístico de los municipios, piensan de otra manera. “La llegada de Ikea a Alicante sigue adelante porque se va a desarrollar ”con todos los informes favorables“, dice la consellera Isabel Bonig.
Las grabaciones de la policía sobre el caso destapan la estrecha relación entre Ortiz y Castedo – “pinta de azul” Ikea tres parcelas, le decía el constructor a la ahora alcaldesa- y desvelan la posible participación en la trama de Juan Cotino, presidente de las Corts Valencianes.
