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La Generalitat paga la Renta Garantizada de Ciudadanía a más de 20.000 personas

El secretario autonómico de Igualdad, Alberto Ibáñez, con la secretaría autonómica de Hacienda, Clara Ferrando.

El número de prestaciones de Renta Garantizada de Ciudadanía ha superado por primera vez las 20.000, según ha explicado el secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, quien ha destacado que, desde que se aprobó la ley, nunca se había alcanzado esta cifra, y ha añadido que esto ha supuesto que se hayan alcanzado los 50.000 destinatarios de esta ayuda.

En un comunicado, Ibáñez ha realizado un balance de la Renta Garantizada de Ciudadanía de 2016 y ha destacado el “notable impulso” por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a esta ayuda y que ha supuesto, entre otras mejoras, “una importante disminución de la lista de espera y el pago de la totalidad de las prestaciones en el ejercicio 2016”.

El secretario autonómico de Igualdad ha recordado que, al llegar a la conselleria, se encontraron con 13.527 expedientes pendientes de tramitar, a los que unos meses después se sumaron 5.697 que estaban pendientes de contabilizar, lo que elevó la cifra a 19.224 solicitudes, “una evidencia de la situación de extraordinaria necesidad y que requería de medidas urgentes que desarrollamos durante el pasado año”, ha explicado.

Estas medidas, según ha subrayado, han permitido lograr que en 2016 existan 50.042 destinatarios de la Renta, de los que 19.947 son titulares y 25.868 son beneficiarios; frente a los 42.134 destinatarios, 16.381 titulares y 19.719 beneficiarios, que existían en el mismo mes de 2015.

Estas cifras, ha precisado Ibáñez, suponen un incremento de gestión en el año 2016 respecto al 2015 de un total de 4.048 prestaciones más concedidas, que implican 7.793 destinatarios más, de los cuales 3.566 son titulares y 4.227 beneficiarios.

Al respecto, Ibáñez ha querido agradecer al funcionariado “el esfuerzo y la labor que ha realizado a lo largo del pasado año para poder incluir dentro del sistema de renta a más de 20.000 expedientes que suponen 50.000 personas destinatarias”.

Medidas adoptadas

Ante la “caótica y grave situación” en la resolución de las prestaciones de Renta, ha aclarado Ibáñez, “el Govern del Botànic adoptó medidas importantes ante la situación de emergencia social y para resolver la situación de incumplimiento por parte de la administración del abono de las rentas pendientes de pago y la resolución de expedientes pendientes de tramitar, como el incremento del presupuesto destinado a Renta Garantizada en 2016 respecto al 2015”.

Sin embargo, a su juicio, mejor que el incremento en el presupuesto fue la decisión de considerar la partida de la renta garantizad crédito ampliable “para no tener que hacer modificaciones presupuestarias para poder seguir pagando esta ayuda en función en función de las necesidades”.

Así, esta iniciativa ha permitido en 2016 realizar dos incrementos presupuestarios destinados a Renta Garantizada “con el fin de ponernos al día en la gestión de los expedientes y agilizar el pago de las ayudas, y que en términos económicos ha supuesto pasar de los 32,12 millones de 2015 a los 44.695.106 euros de 2016”.

Además, ha continuado Ibáñez, el Consell para “hacer frente a la urgente y extraordinaria necesidad de poner al día la gestión de los expedientes y agilizar el pago de las ayudas por el tapón heredado del anterior Gobierno, aprobó el pasado mes de julio un decreto ley para agilizar el proceso de tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía”.

El decreto ley establece, entre otras medidas, que el plan familiar de inserción que deben elaborar los servicios sociales municipales no sea determinante para la concesión de estas ayudas, en aquellos casos en que los ayuntamientos se demoren más de dos meses en la redacción del plan.

Asimismo, contempla que las direcciones territoriales dependientes de la conselleria sean consideradas centros de atención directa, y que los puestos de trabajo adscritos a la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía tengan la consideración de puestos de atención directa o cobertura prioritaria susceptibles de sustitución en el caso de que se produzca una baja o una vacante.

También el pasado año, ha incidido el secretario autonómico, se acometió una mejora y actualización de la aplicación informática de la Renta, “con la implementación de un conjunto de cambios que han posibilitado un incremento en la productividad y de la calidad del trabajo realizado por las direcciones territoriales”, y también se ha logrado optimizar la información estadística, “incorporando herramientas para un conocimiento más lógico y veraz de los datos de las prestaciones”, ha matizado.

Nueva Ley de Renta valenciana de Inclusión

Paralelamente, Alberto Ibáñez ha aludido a la nueva ley de Renta Valenciana de Inclusión, cuyo borrador de anteproyecto fue presentado por la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y cuya prestación sustituirá a la renta garantizada de ciudadanía, “para dignificar la vida de las personas y les permita insertarse”.

La nueva ley permitirál, según ha explicado Ibáñez, que esta ayuda tenga “carácter indefinido, cuando la situación de la persona que la solicite se mantenga en el tiempo” y, al mismo tiempo, ampliará los requisitos para poder demandarla.

Entre las mejorías que aportará la nueva normativa, Ibáñez ha destacado la flexibilización de los requisitos, por lo que “llegará a más personas”. De hecho, ha señalado, será necesario solo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, y se exigirá únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma. Por otro lado, se amplia la edad para poder solicitarla a los 18 años a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era solo para personas de entre 25 y 65 años.

Cabe recordar también que el importe de esta será de 531 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera, y en este último caso, si el solicitante renuncia voluntariamente a realizarlo mantendrá la ayuda, pero se reducirá hasta los 266 euros.

Aumento del presupuesto para 2017

Por otro lado, el secretario autonómico de Igualdad ha destacado que la conselleria ha incrementado el presupuesto para la Renta garantizada para este año 2017 hasta alcanzar los 52,1 millones de euros, presupuesto que, según ha manifestado, irá directamente a los ayuntamientos con el objetivo de recuperar los servicios sociales municipales, “como una verdadera atención de proximidad”, a través de la contratación de nuevo personal que permita la constitución de equipos base multidisciplinares.

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