La Generalitat recurrirá contra la absolución por alzamiento de bienes de uno de los saqueadores de Emarsa
![El expresidente de Emarsa, Enrique Crespo.](https://static.eldiario.es/clip/8f60e624-f359-4ee1-8a3e-e560ffd9acdd_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
La abogacía de la Generalitat recurrirá la sentencia de un juzgado de lo Penal de Valencia que ha absuelto al expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, y su familia, del delito de alzamiento por, supuestamente, haber ocultado un premio de lotería.
Fuentes del Consell han informado que, en su recurso, la Generalitat, que está personada como acusación particular, argumentará que existen motivos para asegurar que el reparto de décimos entre los miembros de la familia Crespo sí que tenía la finalidad de ocultar bienes ante la posibilidad de que se le exigiera a Enrique Crespo responsabilidad patrimonial por el caso Emarsa, empresa pública en la que la Fiscalía cree que se saquearon 24 millones de euros.
En una sentencia hecha pública el pasado 13 de septiembre, el juzgado de lo Penal 6 considera que no existen pruebas de que Crespo y su familia ocultaran un premio millonario para eludir las reclamaciones del Juzgado por el fraude detectado en la gestión de Emarsa, empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo (Valencia).
Enrique Crespo, su hermano Carlos y sus padres fueron juzgados el pasado 23 de junio en Valencia como supuestos autores y cooperadores necesarios de un delito de alzamiento de 12 millones de euros obtenidos en el sorteo de Navidad de 2012.
Según la jueza, que les absuelve del delito de insolvencia punible por el que la Fiscalía solicitaba tres años de prisión, no resulta acreditado que parte de los décimos de lotería premiados y de las participaciones premiadas que fueron cobrados por su hermano y sus padres “fueran titularidad del expresidente de Emarsa”.
Tampoco de que “éste se concertara con sus padres y hermano para simular que los agraciados eran éstos para eludir el embargo que sobre su patrimonio era previsible que se acordase” por el Juzgado de Instrucción 15 que investigaba irregularidades en la depuradora de Pinedo de la que era presidente.