Hacienda acepta transferir más fondos para evitar los impagos de la Generalitat

El Ministerio de Hacienda y la Generalitat Valenciana acordarán un plan de tesorería para evitar que en la Comunidad se produzcan este año problemas de pago como los que afrontó el año pasado, según han acordado el ministro, Cristóbal Montoro, y el presidente autonómico, Ximo Puig, en una reunión este lunes en Madrid.

Puig ha pedido además un FLA adicional de 2.500 millones de euros para financiar el exceso de déficit de 2015, en el que la comunidad debió terminar con el 0,7 pero alcanzó el 2,51. El ministro de Hacienda no ha concretado esta cantidad, pero ha asegurado que este año, como en ejercicios anteriores, se repartirá el FLA que no se utilice entre las comunidades adheridas a este fondo.

Por otro lado, el presidente valenciano ha insistido en la necesidad de reformar ya el sistema de financiación autonómica y ha pedido adelantar los trabajos para que el nuevo gobierno, cuando se forme, pueda aprobar la ley.

Cristóbal Montoro ha reconocido los problemas que el actual sistema causa a la Comunidad Valenciana y se ha mostrado favorable a pedir la opinión de independientes. “La idea es crear un comité de expertos”, ha dicho. “Buscamos la oportunidad política para crearlo”, ha añadido.

Plan de tesorería

Puig solicita, según un comunicado de la Generalitat, que en el plan de tesorería que se negocie se incluya la petición de un FLA extraordinario para cubrir el déficit de 2015, el mantenimiento de un tipo del 0% en el Fondo de Liquidez, una solución para los impagos del anterior Consell y la financiación de la totalidad del tratamiento de hepatitis. El plan de tesorería pretende tener un calendario de fondos y de pagos de todas las necesidades de la Generalitat para dar respuesta a las tensiones de tesorería por falta de financiación ordinaria, según ha explicado el President en una comparecencia ante los medios de comunicación posterior a la reunión.

Puig ha entregado al titular de Hacienda un documento que incluye estas medidas transitorias, así como la petición de que se constituya también de forma inmediata un grupo de expertos que elabore las bases técnicas para negociar el nuevo modelo de financiación.

“Hemos llegado a un acuerdo de un plan de tesorería 2016 para que las finanzas de la Comunitat Valenciana puedan dar respuesta a las tensiones de tesorería que se van a producir por la falta de financiación ordinaria que tiene la Comunitat Valenciana. En ese sentido, se van a poner en contacto de manera inmediata los equipos de la conselleria y del ministerio para establecer ese plan de tesoreria 2016 que garantice la agilidad en el pago y que no se produzcan tensiones tan graves como se produjeron en el pasado”, ha indicado.

Además, “el ministro va a hacer las consultas pertinentes para que se pueda poner en marcha este comité técnico de expertos” que aborde las bases para negociar el nuevo modelo de financiación, “porque finalmente la cuestión de la financiación solo se podrá resolver si se objetiva, si se racionaliza y si se huye del partidismo y la confrontación territorial”, ha defendido.

“El problema de la financiación no puede ser una guerra entre las comunidades autónomas. Tiene que ser claramente la definición de ese objetivo de igualdad entre los españoles y de singularidad entre los territorios. Desde esa perspectiva, creo que es fundamental que en este periodo se aproveche la situación de interinidad que pueda existir para trabajar en el ámbito técnico y lo más rápidamente posible, cuando haya un nuevo gobierno, se tome la decisión oportuna”, ha dicho.

Asimismo, ha subrayado que “la Comunitat Valenciana tiene voluntad de cumplir el déficit, pero en estas condiciones y con este sistema de financiación no lo va a poder cumplir y eso es una obviedad. El ministro lo sabe y cualquier experto lo sabe. Nosotros tenemos un problema grave que no está adosado al gasto; no gastamos más, sino que gastamos menos que la media de las comunidades autónomas”, ha subrayado también.

Sobre el problema de la infrafinanciación de la Comunitat, el President ha indicado la deuda generada por esta infrafinanciación se abordará en el nuevo modelo.

Documento entregado a Hacienda

Como primera medida transitoria, el Consell ha defendido en un documento entregado a Montoro como necesario que el Gobierno articule un FLA extraordinario para cubrir la parte no autorizada del déficit y que debería rondar los 1.800 millones de euros. Se trata, según argumenta, de un mecanismo extraordinario que no es distinto al que planteó el Consell anterior, justo hace un año.

Además, como segunda medida transitoria, el Consell alega que la reclamación de que se mantenga el FLA a un tipo del 0% es básica al menos en tanto no se aborde la reforma de la financiación autonómica y se busque una solución a la deuda generada por la infrafinanciación.

La petición de seguir con el FLA al 0% se basa en la situación de infrafinanciación de la Comunitat Valencana, que es la que explica, junto con la mala gestión de los recursos disponibles en el pasado, cómo se ha disparado el volumen de deuda de la Generalitat en apenas unos años (desde 2011 casi se ha doblado, de 21.860 millones a los actuales 41.753 millones).

Además, el Consell ha pedido una solución para los impagos realizados por el anterior Consell, que está afrontando todavía el abono de las retenciones por IRPF a los funcionarios de la Generalitat impagadas por el anterior Gobierno valenciano del PP, y en este apartado quedan todavía por saldar 310 millones. Ligado a esta cuestión, la Generalitat también denuncia el cobro de intereses de demora por parte del Ministerio de Hacienda por los retrasos del Consell de Alberto Fabra en este ámbito.

Por otro lado, el Consell remarca que la decisión del Gobierno de repercutir en la Comunitat Valenciana la multa de 18,93 millones impuesta por la UE a España como consecuencia de la manipulación de las cifras de déficit a cargo de los anteriores Consells del PP es un agravio que no está dispuesto a permitir. A este respecto, las dos administraciones han acordado trabajar conjuntamente para agotar el último recurso legal que queda ante la decisión de Bruselas, ha señalado el jefe del Consell.

El documento entregado por el Consell a Hacienda reclama además financiación para la totalidad del tratamiento de la hepatitis C. Sobre este último aspecto, subraya que el Gobierno decidió que el FLA financiara los costosos tratamientos antivirales contra la hepatitis C, alrededor de 114 millones. Sin embargo, el coste fue superior a lo previsto inicialmente, de forma que finalmente la factura se elevará a 141,32 millones. Esto significa que faltan 27 millones, sobre los que se reclama la transferencia económica.

Asimismo, y como sexta medida transistoria, el Consell pide la creación inmediata de un comité de expertos técnicos, propuestos por todas las comunidades autónomas, que realicen un trabajo objetivo previo sobre el sistema de financiación. Esta posibilidad ya se la trasladó el President de la Generalitat a Montoro el pasado mes de noviembre en la reunión que mantuvieron en Madrid.

Medidas estructurales

Tal y como expone el documento entregado a Montoro, las medidas de carácter transitorio deben conducir, como primera medida estructural, a la reforma del sistema de financiación autonómica, dando así cumplimiento a la LOFCA, y esta reforma debe acometerse partiendo de cero y teniendo en cuenta a todas las administraciones del Estado, adecuando su financiación a las competencias que tienen asignadas.

Además, la Generalitat considera que es necesario aprobar un plan de gestión del déficit de financiación acumulado durante los últimos años, y a este respecto recuerda que los expertos han llegado a cifrar en 16.000 millones, incluyendo los costes financieros por haber tenido que acudir a préstamos, el coste real de una financiación injusta.

Finalmente, el Consell pide que se ponga fin al déficit en inversiones por parte del Estado que arrastra la Comunitat. Argumenta en este sentido que, en los últimos 16 años, el territorio valenciano no ha recibido de los Presupuestos Generales del Estado una inversión equivalente a su peso poblacional o al de su aportación al PIB. De haber sido así, la inversión del Estado debería haber aportado 6.830 millones adicionales en ese periodo analizado.