La ‘Imelsa’ de Gandia: ‘enchufados’, operaciones irregulares y salpicada por ‘Púnica’

Durante años, Imelsa –la mayor empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia- se convirtió en un nido de sospechas. E incluso, acabó siendo el epicentro de una trama transversal de presunto cobro de comisiones ilegales con ramificaciones en otras instituciones. El nepotismo, las adjudicaciones irregulares y las decisiones polémicas suponían el iceberg.

Sin tramas de tanta entidad y salvando las distancias, la empresa pública de Gandia Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) siguió el mismo patrón que Imelsa. Considerada durante los gobiernos socialistas anteriores al actual como una agencia de colocación, la llegada a la alcaldía del ‘popular’ Arturo Torró la transformó en una mercantil bajo sospecha. “En la cueva de Ali Baba’, según el PSPV-PSOE local.

La petición de imputación de la Fiscalía provincial de Valencia para el exprimer edil Torró por la ‘Operación Aplauso’, ha resucitado las sombras que persiguen a la sociedad pública que gestiona las bicicletas municipales, las piscinas y las viviendas sociales, entre otros asuntos. Los pagos a “empresas afines”, las maniobras oscuras y su relación puntual con la trama ‘Púnica’, constituyen el historial de sospechas que arrastra una empresa municipal condenada a la liquidación.

Opacidad y ‘nepotismo’

La opacidad fue una de las lacras que arrastraron a IPG a estar permanentemente bajo sospecha durante el mandato de Torró. La oposición no conocía ni los trabajadores que estaban plantilla –solo tenían estimaciones-, ni tenía acceso a parte de la documentación relativa a contratos y facturas de la sociedad de capital público. El PSPV-PSOE denunció ante los tribunales la negación del derecho a la información. Y la justicia falló a su favor.

Sin embargo, pocos días después de esa resolución la empresa sufrió un robo en sus instalaciones. Se llevaron, justo, el material que reclamaba la oposición. Entre lo hurtado, se hallaba el ordenador del gerente de IPG, Gonzalo Morant, que también fue contable personal de Torró, del PP de Gandía y realizó –según el PSPV-PSOE- negocios con él. La Fiscalía investiga la destrucción de documentación contable que sufrió la entidad.

Otro de los aspectos desconocidos de la mercantil municipal era el número de trabajadores con los que contaba. Según el exedil socialista y ahora presidente de la empresa, Vicent Mascarell, la plantilla pasó de 5 trabajadores bajo el mandato del socialista José Manuel Orengo a 104 de la mano del anterior gobierno del PP. De esos, denunciaban que la mayoría eran enchufados. “Justo lo contrario. Fue creada por el PSPV-PSOE para contratar amigos”, defendía Torró en un reportaje en eldiariocv.es.

Con la llegada al poder de la izquierda gracias al apoyo del único concejal de Ciudadanos, los nuevos directivos del consejo de administración de IPG desvelaron que la entidad “llegó a tener 200 trabajadores, a los que se tenían que añadir cerca de 100 más que estaban vinculados de forma indirecta, facturando como falsos autónomos por la intermediación de servicios”. El representante de Ciudadanos, Daniel Martí, señaló que a fecha de junio de este año había 132 personas en plantilla, de los cuales 43 finalizaban contrato ese mes. Los otros 65 eran fijos.

Entre las personas que cobraban o trabajaban indirectamente para IPG había personajes destacados del PP. Lola Moncho, quien fue mano derecha de Torró y participó en empresas relacionadas con el camelot societario del exalcalde, cobró 4.000 euros mensuales durante el 2014, según desveló la nueva dirección. Lo hacía a través de una sociedad propiedad de su sobrino. La tarea que desempeñaba eran asesorías, pero “no hay constancia de esos trabajos en las documentación revisada”, apuntaron los nuevos responsables.

Otro nombre ilustre era el de Carlos Bolta, actualmente presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Gandia. Jefe del área de turismo del exdirigente local del PP, tuvo un salario de más de 3.000 euros brutos al mes en IPG. Su paso por la entidad fue polémico por alojar al personal de los eventos que él impulsaba en su hotel, según reveló la entonces oposición.

Cristina Serrano o Daniel Furió Moncho –hijo de Lola Moncho- también trabajaron en la mercantil. La primera, que fue alto cargo en la conselleria de Medio Ambiente con Esteban González Pons, Rafael Blasco –reo por desviar fondos a la cooperación- y Juan Cotino –imputado en ‘Gürtel’- , fue jefa del servicio de actuaciones empresariales. El segundo fue incluso hasta gerente de IPG. Los dos comparten el haber firmado una de las adjudicaciones más polémicas de la empresa pública.

La TV ‘vinculada’ a Torró, “pagos afines” y ‘Púnica’

Sin duda la decisión más controvertida de Torró fue el cierre de la anterior televisión pública de Gandía y la adjudicación que hizo para la prestación de ese servicio a dos empresas externas. La concesión se otorgó a través de IPG y las dos mercantiles que resultaron agraciadas fueron las dos únicas que se presentaron. Comarques Centrals Televisió, propiedad de un empresario próximo -según El País- al defenestrado presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, por la trama de Imelsa y Tele7 fueron las beneficiadas por un procedimiento que se hizo “por invitación”.

La cuantía que recibió Tele7 era de 1,7 millones de euros. A esa cantidad, había que sumarle los 4 millones de euros que recibieron las dos empresas por una prórroga que firmaron Serrano y Furió. La adjudicataria era propiedad de José Codina, antiguo gerente de la cooperativa del Centro Histórico cuando la presidía Torró, desveló el PSPV-PSOE. Los socialistas, además, denunciaron a raíz de la información extraída de los informes que realizó Bankia sobre las actividades del exalcalde de Gandia que “Codina era un simple testaferro de Torró”. Codina había compartido domicilio fiscal con el exdirigente local del PP. De hecho, el PSPV-PSOE pidió a la Fiscalía la imputación de Torró por tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude a la administración por “adjudicarse a él mismo una contrata sin publicidad ni concurrencia”.

La concesionaria era Inversiones Especiales del Mediterráneo. Y uno de sus antiguos administradores fue Josep Lluis Giménez Estruch, editor de la revista Sociedad y Política a través de la sociedad Altoclaro. Una empresa que recibió de IPG 85.627,48 euros. Cantidad que formaba parte de los abonarés que firmó Torró antes de entregar la vara de mando, cuando era alcalde en funciones. 17 pagos en los que también había “empresas afines” como Profund Management, la firma que impulsaba el proyecto -al más puro estilo F-1- promocionado por el PP de construir un Parque Acuático.

IPG, además, se vio salpicada por la ‘Operación Púnica’. En la mercantil se encontraron una serie de facturas por valor de 885.000 euros, pertenecientes a la constructora Gomuñoz. Una empresa implicada en la red capitaneada en la Comunidad Valenciana supuestamente por Alejandro de Pedro. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dicha mercantil pagó a De Pedro 2.600 euros tras la intervención de varios cargos del PP local.

Se hicieron otras gestiones plagadas de sombras, relacionadas con la financiación del PP. Según denunció Mascarell, Morant había instado a pagar de manera “urgente” la deuda que IPG mantiene con el empresario José Martínez de los Mosos a cambio de perdonar facturas pendientes de la campaña del PP, tal y como había requerido el empresario por correo electrónico a Serrano.

Operaciones irregulares y ‘caos’ económico

Las maniobras bajo sospecha fueron una constante en la mercantil municipal. La ‘Operación Aplauso’ es uno de tantos ejemplos. Desde IPG se compró un complejo de ocio propiedad de Vipep SA con el objetivo de cobrar la deuda que tenía el Ayuntamiento con la empresa. La jugada se truncó, pero el anterior equipo de gobierno, según fuentes municipales, le perdonó el dinero adeudado.

Los socialistas desvelaron que la sociedad pública compró dos terrenos dos días antes de la celebración de las pasadas elecciones municipales. Los motivos de tal adquisición se desconocen. Además, y a consecuencia de todas las sospechas, el anterior Ayuntamiento -que fue intervenido por el Estado- aprobó con la negativa de los técnicos municipales créditos por valor de 14,4 millones de euros para financiar la empresa pública. Una operación inédita desde la creación de la mercantil.

Un intento de socorrer IPG que muestra su estado actual. Tienen una deuda con la Seguridad Social de 200.000 euros, estuvo embargada por Bankia por deberles 740.000 euros y registra 38,5 millones de euros de deuda. Nada más llegar la izquierda al poder detectó dos cajas en dinero en efectivo que utilizó el exgerente “para evitar transferencias y operaciones bancarias”. “IPG era como un sótano del Ayuntamiento, la cara B. El dinero enviado se perdía de vista para los técnicos municipales. Era un Ayuntamiento paralelo”, describió este mes el nuevo consejero delegado, Emili Morant.

En proceso de auditoría por parte de los dos grupos que integran el gobierno y de Ciudadanos, que da su apoyo al bipartito de PSPV-PSOE y Més Gandia –coalición integrada por Compromís, EUPV y ERPV-, el consejo de administración pidió a la Junta General que en 60 días apruebe la liquidación total de IPG. Una suerte fatal que ha evitado su ‘hermana’ grande en la Diputación de Valencia, Imelsa.