Colectivos civiles critican a Ribó la subida del IBI, el exceso de terrazas y botellón o los desahucios

El debate sobre el estado de la ciudad que, por primera vez en más de dos décadas, ha incluido la participación del alcalde en diálogo con los grupos municipales, ha incluido, también de manera novedosa en esta ocasión, la presencia e intervención de entidades y asociaciones representantes de distintos campos de la sociedad civil: agrupaciones culturales, vecinales, de comerciantes, discapacitados, familias numerosas y movimientos de carácter social.

Un total de 15 entidades, todas aquellas que lo han considerado oportuno y lo han solicitado, han tenido oportunidad de tomar la palabra ante la corporación en pleno para exponer sus quejas, agradecimientos, necesidades o propuestas.

Así, entre las intervenciones han destacado la del presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia, Rafel Torres, quien ha criticado al alcalde, Joan Ribó, la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a 1.400 comercios de la ciudad, hecha efectiva este ejercicio y que el primer edil prevé mantener el año que viene.

Según Torres, “es necesario abrir una nueva etapa que permita a las empresas comerciales reactivarse y alcanzar niveles de competitividad suficientes, y que el sector comercial sea de nuevo un sector de oportunidades para los ciudadanos de nuestra ciudad, y eso pasa, por no asfixiarlas con subidas de impuestos desmedidas”.

Además, ha apostado por incorporara “cámaras de seguridad” en las calles más comerciles y por la creación de rutas turístico comerciales, entre otras medidas.

Botellón y terrazas

Por su parte, la presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta, ha agradecido la oportunidad de poder expresarse en el debate, aunque ha criticado el escaso tiempo con el que se ha convocado y que los colectivos civiles solo hayan tenido cinco minutos para expresarse.

Broseta ha acusado al tripartito de practicar una participación irreal, “de wikipedia”, por lo que ha pedido procesos más abiertos y con información previa de los temas y ha solicitado la descentralización de las Juntas de Distrito y la modificación de su reglamento para que su funcionamiento y los acuerdos que se tomen en ellas sean vinculantes.

La portavoz vecinal ha recordado que han aportado más de 5.000 firmas contra la remodelación de líneas de la EMT y ha solicitado que en el futuro se les informe antes de realizar los cambios, también en cuanto a peatonalizaciones o carriles bici.

Por último, Broseta ha pedido que se ponga freno a la expansión de terrazas, al botellón que existe por toda la ciudad y a los apartamentos turísticos que tantas quejas están generando en Ciutat Vella, Ruzafa o el Cabanyal. También han pedido más limpieza viaria.

2.658 desahucios en tres meses

Por su parte, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Valencia ha denunciado que en la ciudad sigue habiendo “desahucios, porque los bancos mienten”, pese a las acciones impulsadas desde el municipio, por lo que ha urgido a acelerar las acciones y las medidas de amparo y apoyo ante las necesidades de la población más vulnerable.

Según la entidad, en la Comunitat Valencia, en los tres primeros meses de este año han sido desahuciadas 2.658 familias, 41 cada día laborable, según datos del Poder Judicial; de ellas 1514 lo son por impago de la hipoteca y 1.100 por no poder hacer frente al alquiler, y 44 desahuciadas por otros motivos.

Al respecto, el alcalde Ribó se ha comprometido a pedir explicaciones a las entidades bancarias sobre las denuncias planteadas, y ha reconocido la gravedad de las situaciones que viven muchos vecinos y vecinas.

El Cabanyal exige mejoras

Por último, una portavoz de la asociación de vecinos de El Cabanyal y de la plataforma Salvem el Cabanyal, ha reconocido los esfuerzos que se están haciendo desde el tripartito por poner en marcha la regeneración del barrio, pero han exigido que se tomen medidas inmediatas contra problemas de conviciencia.

En concreto, han denunciado que en la zona más degradada del barrio no se respeta el derecho a la intimidad en el domicilio familiar, el derecho a la salud y a un etorno saludable ni tampoco el derecho al descanso.

Por este motivo, han pedido soluciones antes de finde año ya que han asegurado que estos problemas se han agravado en el último año.