Comienza el juicio contra activistas de Greenpeace por pintar “Peligro nuclear” en la Central de Cofrentes
Greenpeace reclama el derecho a defender el medio ambiente y considera “desproporcionada” la petición de hasta dos años y ocho meses de cárcel y multas e indemnizaciones por 360.000 euros a 16 activistas de la organización y un fotoperiodista por una acción de protesta en la Central de Cofrentes en 2011.
El director de Greenpeace en España, Mario Rodríguez, ha comparecido en rueda de prensa, a bordo del Arctic Sunrise, junto a la responsable de la campaña antinuclear de esta organización, Raquel Montón, y una de las activistas acusadas, Maite Mompó, ante el juicio que se inicia este jueves en el Juzgado de lo Penal número 11 de Valencia.
En concreto la acción consistió en una pintada en una de las torres de refrigeración de la central del lema “Peligro nuclear”, según los ecologistas.
“Nos enfrentamos al juicio más duro de la historia de Greenpeace”, ha lamentado Rodríguez, quien ha añadido que su organización “no elude” la Justicia pero considera que ésta tiene que ser “proporcionada y también las peticiones”.
El director de la organización ha recordado además que Greenpeace lleva 30 años de activismo pacífico en España defendiendo el medio ambiente, “un derecho y un deber consagrado por la Constitución en su artículo 45”.
La acusación contra los 16 activistas y el fotoperiodista independiente Pedro Armestre (Premio Ortega y Gasset) la ejercen el Ministerio Fiscal, Iberdrola como empresa propietaria de la central nuclear y los guardias jurados del recinto presentes el 15 de febrero de 2011, fecha en la que se produjo la acción en la central valenciana.
“Intrusión y asalto”
Fuentes de Iberdrola señalan que el juicio por “intrusión y asalto” a la central nuclear por los activistas “no tiene por objeto un debate medioambiental, sino unos hechos graves constitutivos de varios delitos por desórdenes públicos, lesiones y daños”.
“La intrusión”, afirma la compañía eléctrica, “conllevó además de importantes daños materiales, lesiones físicas a dos vigilantes, uno de ellos con herida abierta por corte con equipo rotativo en el abdomen y la declaración además de Alerta de Emergencia en el emplazamiento, un hecho excepcional”.
Los acusados se enfrentan a dos años y ocho meses de cárcel y la organización ecologista podría tener que afrontar un pago de 357.371 euros como responsable civil subsidiaria.
“Creemos que hay un afán intimidatorio, de amedrentar a la ciudadanía más movilizada”, ha denunciado Rodríguez, y ha insistido en que “Greenpeace no le van a parar con amenazas de cárcel o multas millonarias”.
El barco Artic Sunrise, símbolo del activismo pacífico, anclado en el muelle sur del puerto de Valencia para mostrar su apoyo a los 17 encausados, permanecerá en la zona hasta que finalice el juicio.
