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Montón pregunta a Moliner si era “un hombre de paja” o conocía las irregularidades del Hospital Provincial

La consellera de Sanitat, Carmen Montón, y Javier Moliner, presidente de la Diputación de Castellón, en un Consejo de Gobierno del Hospital Provincial de Castellón.

Belén Toledo

“Javier Moliner debería explicar si era un hombre de paja en el anterior consorcio o si era conocedor de las irregularidades”. La consellera de Sanitat, Carmen Montón, pronunció estas palabras el viernes por la mañana, en referencia al presidente de la Diputación de Castellón, minutos antes de reunirse con él y con el resto de componentes del Consejo de Gobierno del Consorcio del Hospital Provincial de la ciudad. 

Montón recordó que la Fiscalía está investigando la existencia de facturas irregulares por un importe de 32 millones de euros que fueron pagadas por el Hospital a varias empresas. Una de ellas fue Piaf, “vinculada a la trama Gürtel” y que ya admitió “la financiación irregular del PP”. La consellera se preguntó si esto “es casualidad” y afirmó que Moliner “también tiene algo que decir” al respecto.

“La duda que se tenía es que si además de irregular podía ser constitutivo de delito. La justicia está trabajando”, resumió la consellera. Montón recordó que las facturas investigadas se emitieron entre 2003 y 2015, periodo en los que fueron presidentes provinciales, sucesivamente, Carlos Fabra y Javier Moliner. Ambos fueron, por tanto, vicepresidentes del Consorcio Hospitalario, formado a partes iguales por la Conselleria de Sanitat y la Diputación. 

Un expediente tras la visita de la Fiscalía 

La reunión del Consorcio celebrada el viernes tuvo carácter extraordinario y urgente. La Conselleria había pedido esta convocatoria para aprobar la apertura de un expediente informativo para que se aclare la facturación irregular, una suerte de investigación interna del centro que correrá paralela a la judicial.

Montón explicó que toma esta decisión debido a la visita que el pasado miércoles hicieron varios técnicos de la Generalitat enviados por la Fiscalía para revisar las facturas. La apertura del expediente fue aprobada por todos los miembros del Consejo de Gobierno, incluidos los representantes de la Diputación.

También la institución provincial había solicitado la celebración extraordinaria del Consejo de Gobierno, pero por razones diferentes. Su presidente centró la atención en el conflicto laboral que vive el centro desde que el pasado mes de octubre fueron despedidos 17 trabajadores por decisión de la Conselleria de Sanidad.  Moliner pidió la revocación de los despidos, pero perdió la votación porque la consellera hizo uso de su voto de calidad. 

La bandera de los despidos 

Javier Moliner ha convertido la readmisión de los trabajadores en una de sus banderas. “Si tú prescindes de 17 profesionales del centro, acabas teniendo un peor servicio. Hoy estamos viendo cómo aumentan las listas de espera”, dijo. Acusó a  Montón de tener la “voluntad maquiavélica” de “ir desmantelando poco a poco” el hospital.

También calificó la apertura del expediente informativo como “cortina de humo” de la consellera para no hablar de los despidos, que es lo que “le importa a la gente”. “A los ciudadanos lo que les importa es que se mantenga el servicio”, explicó. 

Varios de estos trabajadores recurrieron a la Justicia, que falló a su favor. Una profesional consiguió que su despido fuera declarado nulo. Otros siete pactaron con la conselleria la declaración de despidos improcedentes. Según Amalio Palacios, representante de Comisiones Obreras en el hospital, las indemnizaciones que el Hospital deberá pagar a los trabajadores podrían llegar a los 500.000 euros. 

Por su parte, la consellera argumentó que a su llegada al gobierno en 2015 encontró una situación de gran desorden en la plantilla del Hospital y una alta tasa de temporalidad. Montón defendió que, además de los 17 despidos, la decisión tomada en octubre posibilitó que 109 plazas temporales pasaran a ser estructurales.

A su llegada al centro, tanto la consellera como el presidente provincial encontraron una concentración de profesionales convocados por CCOO para exigir la readmisión de los 17 sanitarios despedidos. 

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