Oltra quiere acabar con el negocio de “sátrapas” como Cotino con la tercera edad
Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad, quiere darle la vuelta a las políticas de la Generalitat bajo su responsabilidad. Eliminará el copago en 2016, pese a la situación de quiebra técnica de la administración, y revisará a fondo la política de privatizaciones de los gobiernos del PP.
Oltra ha asegurado en les Corts Valencianes que analizará con lupa “algunas contrataciones sobre las que hay fundadas sospechas de irregularidad”. Concretamente, la adjudicación de plazas a residencias propiedad de la familia del exconseller y expresidente de las Corts, Juan Cotino, y, otras empresas del sector.
Cotino fue casi todo en política. Concejal con Rita Barberá en los 90, fue director general de la Policía con José María Aznar y conseller en varios gobiernos de la Generalitat. Dejó la política en 2014, cuando era presidente de les Corts Valencianes, acosado por varios escándalos. Sorprendentemente, su gestión al frente de Bienestar Social no es uno de ellos. En 2007, introdujo varias novedades en el sector que beneficiaron a varias empresas, entre ellas un grupo de residencias propiedad de su sobrino, Vicente Cotino, y Enrique Ortiz, el empresario más poderoso de Alicante.
Savia, La Saleta, Solimar o Novaire reciben desde entonces financiación pública por acoger a ancianos en sus instalaciones cuando hay centros públicos sin ocupar e, incluso, residencias públicas cerradas. Solimar está presidida por Eugenio Pérez Mifsud, exalcade de Tavernes de Valldigna por el PP y comisionado de la Generalitat para la Copa del América 2007 y Novaire es de la empresa del Ibex 35 propiedad de Juan Villar Mir, imputado por supuestas donaciones ilegales al PP. La familia Cotino y Ortiz también están supuestamente relacionados con la financiación irregular de ese partido.
El negocio generado por las decisiones de Cotino con las llamadas plazas de accesibilidad es notable. Savia incrementó un 182% en tres años las estancias pagadas con dinero público, que además eran más rentables. Varias decisiones del conseller mejoraron la rentabilidad de estas empresas, que vieron aumentada la subvención que percibían. El negocio iba viento en popa: con Cotino en Bienestar Social, entre 2006 y 2009, la empresa de su familia multiplicó por cuatro sus ingresos procedentes de la Generalitat: de 11,2 a 40,5 millones de euros.
Desde entonces, y a pesar de la morosidad crónica de la administración valenciana, el negocio ha seguido siendo rentable. Las empresas de las plazas de accesibilidad han cobrado en ocasiones antes que otras del sector de propiedad pública pero gestión privada. Y los intentos de cambiar el sistema, a veces impulsados por el propio sector, no fueron apoyados por el PP.
Oltra quiere cambiar eso. Dice querer acabar con “el oscurantismo y la opacidad” de la Generalitat. Los servicios sociales han estado “muy castigados en los últimos años por las fundadas sospechas, y hechos demostrados, de la falta de transparencia en la gestión y del enriquecimiento personal de unos cuantos sátrapas en connivencia con los gestores públicos”. Aunque no lo aludió directamente, Cotino podría ser uno de los sátrapas -“hombre que gobierna despóticamente”- que se habría lucrado con el cuidado de ancianos.
