El PP no suspende de militancia a los concejales imputados de Valencia
Frente a la imputación masiva por blanqueo a 50 concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia en el marco de la 'operación Taula', el PP no tomará la misma medida que con el portavoz local del partido, Alfonso Novo, suspendido de militancia nada más conocerse su situación judicial. Fuentes oficiales de la formación han indicado que no van a suspender de militancia a todos los cargos imputados por blanqueo de capitales al realizar donaciones con dinero en A para las elecciones municipales de 2015 al partido que después, supuestamente, se les devolvían en dinero negro en un sobre.
Desde el partido argumentan que la medida sobre el portavoz en Valencia respondía a “un caso aislado” al tratarse del presidente popular en la ciudad. Y que se va a esperar a la declaración ante el juez de todos los imputados para tomar una decisión sobre el resto de concejales.
De momento, la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, no reacciona con la misma contundencia ante la imputación masiva de concejales, exconcejales, asesores y exasesores del grupo municipal popular en Valencia que cuando se produjo la macrorredada que ha abierto en canal a la formación local. A los asesores imputados durante la redada policial se les retiró de forma provisional el carné del PP.
La dirección autonómica intenta ganar tiempo en a un escenario complicado. Descabezado el partido a nivel local y sin nadie por el momento que lidere la gestora designada, el PP valenciano teme que una suspensión de todos los ediles cree rechazo y que los concejales se aferren al acta. Esto podría provocar que el PP se quedaran casi sin representación en la tercera ciudad de España, antes feudo popular inexpugnable. El único concejal que no está imputado es Eusebio Monzón, que en caso de que el resto del grupo municipal no renunciara al acta, podría quedar como el único concejal con el que contaría la formación conservadora.
La situación de los asesores en el Ayuntamiento de Valencia sería distinta. El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), ya expresó días después de la redada policial que en el caso de que no fueran destituidos por parte del grupo municipal los asesores investigados, lo resolvería desde alcaldía “ya que supondría un perjuicio para la institución mantenerlos”. El PP actuó cesando a la secretaria del grupo municipal, María Carmen García-Fuster. Fuentes oficiales de alcaldía confirman que con esta macroimputación se sigue con el mismo criterio.
