El PP quiere blindar la sanidad privada por miedo a la derrota electoral
El PP prepara el blindaje de la sanidad privada pagada por fondos públicos ante una eventual derrota en las elecciones autonómicas de mayo, tal como ha hecho con la educación concertada, las escuelas de titularidad privada sufragadas con fondos de la Generalitat.
El partido liderado por Alberto Fabra lleva meses denunciando los peligros de un rescate de las concesiones a empresas. Ahora, ha aprobado una proposición no de ley en les Corts Valencianes defendiendo el llamado modelo Alzira. Según se teme la oposición, el próximo paso será prorrogar las concesiones a las empresas que gestionan los cinco hospitales de gestión privada de la Comunitat Valenciana: Alzira, Dénia, Elche, Torrevieja y Manises.
Las prisas del PP se explican por sus malas perspectivas electorales. Y se justificarían, según el partido, por los buenos resultados de la privatización parcial del sistema comenzada, aún en los 90, por Eduardo Zaplana, el primer presidente del PP en la Generalitat.
El argumentario del PP pretende ser contundente. La supresión de los conciertos conllevaría un aumento de las listas de espera quirúrgicas, un incremento del gasto público al asumir la compra y gestión del transporte sanitario o de equipamiento y contratación de profesionales para servicios como las resonancias. Según Isabel Bonig, la número 2 del partido, “el modelo sanitario que propone la izquierda pondría en riesgo la atención sanitaria a los ciudadanos y mermaría la calidad de la misma”.
No hay datos, sin embargo, que avalen la mayor eficiencia del modelo privado. Y la izquierda desea la vuelta a un modelo completamente público. Ximo Puig, líder del PSPV, ha pedido recientemente el rescate de los hospitales privados y EU se compromete a que el hospital de Alzira vuelve a ser gestionado por la Generalitat cuando expire la concesión, en 2018.
La maniobra del PP, si finalmente extiende los contratos, dificultaría el rescate. Lejos queda la promesa del presidente de la Generalitat de ni prorrogar ni extender las concesiones sanitarias a empresas privadas propiedad de grandes empresas como la norteamericana Centene Corporation.
