La dirección nacional del PP confirma la suspensión cautelar de militancia de Alfonso Rus
El presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco y el secretario del Comité, Juan Carlos Vera Pro, han acordado la suspensión cautelar de militancia de Alfonso Rus Terol, presidente del PP provincial y de la Diputación de Valencia, según ha informado la dirección nacional del partido en un comunicado.
La decisión ratifica las medidas acordadas por el presidente regional del PP de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, tras la publicación por parte de medios de comunicación de conversaciones en las que puede oirse a Rus contando billetes.
Alfonso Rus, uno de los barones del partido, podría estar implicado en una trama que conseguía comisiones de empresas favorecidas por adjudicaciones de administraciones controladas por el PP.
La decisión de Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, llegaba horas después de que se hayan divulgado unas grabaciones en las que Rus cuenta dinero junto al exgerente de una empresa de la Diputación, Marcos Benavent, investigado por un juzgado valenciano por una supuesta trama de corrupción.
“Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 euros, dos millones de 'pelas'”, se escucha en la grabación. Inmediatamente, la cúpula del PP valenciano presionó a Rus para que dimitiera. Éste, sin embargo, se ha enrocado. A mediodía del sábado emitió un comunicado donde se proclamó “indefenso y víctima de un ataque informativo y político brutal, que se encuentra enmarcado dentro de una campaña electoral y, por tanto, motivado por razones políticas”.
Dos horas más tarde, el PP ha reaccionado. Ha suspendido de militancia a Rus, le ha abierto un expediente disciplinario y le ha apartado de la presidencia del PP provincial. Está por ver como le aparta de los cargos institucionales que ocupa, la presidencia de la Diputación y la alcaldía de Xàtiva. Fabra, en el escrito que dirige al comité nacional de derechos y garantías, que debe ratificar su decisión y tramitar el expediente, basa su petición en que Rus ha “actuado en el ejercicio de un cargo público en forma contraría a los principios del Partido. Además podrían concurrir otras posibles infracciones”.
Fabra no oculta su preocupación por el escándalo en el que supuestamente está involucrado Rus, ya que los hechos conocidos “conllevan un deterioro publico muy significativo de la imagen del PP dada su gravedad, repercusión informativa e incidencia en la opinión pública, máxime en momentos como los actuales”. El PP valenciano ha llegado a tener más de 100 cargos imputados en la administración y todas las encuestas señalan que la izquierda, en caso de llegar a acuerdos, podría gobernar la Generalitat tras las elecciones autonómicas del 24 de mayo.
Según fuentes del partido, la larga trayectoria de Rus en el PP está finiquitada. Su suspensión de militancia y posterior expulsión, salvo giro dramático de los acontecimientos, está ya pactacta con Madrid. Además de la gravedad del asunto -Esquerra Unida denunció mordidas de casi un millón de euros- Mariano Rajoy visita el martes Valencia y quería evitar a toda costa la foto con Rus. Éste, de momento, no está imputado.
Una bomba de relojería
El PP también suspenderá de militancia a Benavent, y a Máximo Caturla, exvicepresidente de la corporación provincial y antiguo número de 2 de la consejería de Educación. Ambos están implicados en las escuchas que, seguramente, han acabado con la vida política de Rus, de 64 años.
El PP, además, teme que lo peor está por venir. EU ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción 10 horas de grabaciones de la supuesta trama corrupta. No las airea porque el caso está bajo secreto de sumario pero asegura que son una “bomba de relojería”. Destaparían un sistema organizado para saquear de manera constante las arcas públicas.
En algunas de las pocas grabaciones desveladas, aparecen mencionados dos exvicepresidentes en los gobiernos de Francisco Camps -Gerardo Camps y Víctor Campos, éste condenado por el caso de los trajes- y el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ahora en prisión.
