El PSOE recurre ante el TC la indemnización por Castor porque el Gobierno “ni ha mirado la factura”
El PSOE ha acudido este viernes a la sede del Tribunal Constitucional para presentar un recurso contra el Real Decreto-ley 13/2014 por el que se establecen, entre otras cosas, medidas “urgentes” para compensar la inversión de la empresa ESCAL UGS, S.L. por la paralización del proyecto de almacén gasístico Castor frente a la costa de Castellón y Tarragona.
A juicio de los socialistas, como consecuencia del decreto, “se le ha pagado a una empresa 1.300 millones de euros sin intentar saber qué había pasado realmente”, según ha explicado a los medios el secretario general del PSPV, Ximo Puig. Además, el portavoz del partido en el Congreso, Antonio Hernando, ha asegurado que el Ejecutivo “se ha sacado de la manga” la cantidad y “ni ha mirado la factura”.
El texto presentado por la formación apunta que hasta seis artículos del Decreto-ley (los seis primeros) “exceden ampliamente, en su contenido regulatorio, el marco y los criterios constitucionales establecidos por la jurisprudencia del TC” en materia de “adecuación constitucional de las leyes singulares”.
Además, considera que la norma aprobada por el Ejecutivo afecta a principios y derechos fundamentales del orden constitucional como son el principio de igualdad, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la tutela judicial efectiva y los derechos de los consumidores y usuarios.
Los responsables de presentar el recurso han lamentado que, a su juicio, el decreto-ley defiende “un interés particular en lugar de un interés general”. De hecho, el recurso que han presentado denuncia la aparente “renuncia” del Gobierno a “imputar al concesionario cualquier responsabilidad en lo sucedido en el almacenamiento y su puesta en servicio”.
Los socialistas reconocen que “parece que con la información disponible se puede descartar el dolo” pero arguyen que dado que “la instalación no se ha llegado a entregar en condiciones de operación y que, por mucho que se trate de un proyecto planificado por una concesionaria del Estado, y con retribución regulada y reconocida, el sistema concesional no debería, al menos inicialmente, implicar que el concesionario no asume riesgo alguno en la operación”.
Coste extra
Además, lamentan que, según han indicado, el coste de las compensaciones se traducirá en un coste extra en las facturas del gas de los consumidores que tendrá efecto hasta dentro de 30 años (a partir de 2016) y cuestionan si “no hubiese sido descabellado haber planteado un esquema de reparto del coste entre el concesionario y los consumidores más equilibrado”.
A este coste habrá que añadir además “otras partidas aún indeterminadas” que se derivarán del coste que suponga mantener el almacén en estado de hibernación y, en caso de que se adopte la decisión de desmantelarlo, el gasto correspondiente a la operación, según explica el documento.
En este sentido, han criticado también que se descarte financiar la compensación mediante Deuda Pública en lugar de a través de financiación en los mercados y estima que la alternativa adoptada por el Gobierno supondrá “un sobrecoste de casi 200 millones de euros”.
Por último, critica que la decisión de mantener el almacén en estado de hibernación no soluciona la “compleja situación técnica existente” sino que la posterga.
En conjunto, los socialistas creen que en el proceso de aprobación del Decreto-ley “ha faltado transparencia y publicidad” sobre los informes disponibles acerca del proyecto y de los fallos sísmicos presuntamente causados desde el inicio de los trabajos relativos al almacenamiento de gas, así como el coste total de la operación.
