Radiografía de los investigados por financiar al PP valenciano

Lodazal absoluto. Esa es la sensación que se tiene estos días ante las conversaciones que van surgiendo sobre los negocios entre el todopoderoso empresario Enrique Ortiz, el sobrino del ex presidente de Las Corts Juan Cotino, Vicente Cotino y otros actores implicados en el caso Rabassa. Un chapapote de negocios al calor de la administración pública y con el urbanismo en papel relevante que muestra el fango en el que ha estado sumida la política valenciana.

Al mismo tiempo, Bárcenas culpaba de la financiación ilegal del PP valenciano a la cúpula de Camps, en un caso donde se suele prestar mucha atención al presunto corrupto, pero escasas veces al supuesto corruptor. Aquí realizamos una pequeña radiografía de los empresarios valencianos que, según la policía, financiaron supuestamente de forma irregular al Partido Popular valenciano.

Enrique Ortiz. Apodado por él mismo como “la polla insaciable”, según revelan las conversaciones del caso Brugal, se encuentra imputado por falsedad documental en el caso Gürtel y acusado de donar supuestamente 300.000 euros a la mercantil que organizaba los actos del PP, Orange Market, presidida por uno de los cabecillas de la trama. Es propietario del holding empresarial Grupo Ortiz e Hijos, ahora rebautizado como Grupo Cívica.

A su vez, se encuentra imputado en el caso Brugal, por fraude, cohecho y tráfico de influencias, acusado por favorecerse presuntamente de los amaños del PGOU de Alicante. Presidente del Hércules C.F., también se encuentra implicado en la parte de la trama Brugal que concierne a los negocios de las adjudicaciones de la basura e investigado por pactar supuestamente la remodelación del Estadio Rico Pérez con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.

Poseedor de 3 de las 4 principales contratas del ayuntamiento de Alicante, su sombra es omnipresente en la ciudad. Tiene el 70% del suelo urbanizable de la capital, según reconoció la propia Castedo ante el juez, y el 80% de las facturas pendientes del consistorio por pagar a principios de año eran con Oritz, según denunció EU. Renovó en 2013 las adjudicaciones para la limpieza de centros escolares y dependencias municipales por 31 millones y la del servicio de recogida de basuras y tratamiento de residuos a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por cuatro empresas, dos propiedad del empresario del barrio de Benalúa. El montante de la licitación era de 435 millones de euros.

Pero, no solo hace negocios en su tierra. Según la Agencia Tributaria, Ortiz fue uno de los principales contratistas del ayuntamiento de Pozuelo (Madrid) en tiempos de Jesús Sepúlveda, ex marido de la ministra Ana Mato. El dueño del Hércules obtuvo 5 millones de euros durante su mandato. 97 millones de euros es lo que se embolsaría si se aprobará finalmente el proyecto de Ikea en Alicante.

Participó en el accionariado de Tierra Mítica a través de la agrupación de interés económico denominada Gestión y Financiación de Infraestructuras (GFI). Comparte la empresa Savia Centros Residenciales con Vicente Cotino, sobrino del actual presidente de las Corts. La empresa se ha visto salpicada por las conversaciones publicadas por ‘El Mundo’ que revelan un supuesto trato de favor del ex conseller Juan Cotino.

Vicente Cotino. El sobrino del actual presidente de las Corts, Juan Cotino, representante del ala cristiana del PP valenciano, está implicado en el caso Gürtel, por otorgar supuestamente 200.000 euros a la empresa de la trama a través de sus filiales Sedesa Inversiones y Sedesa Obras y Servicios, y también de la Fundación Sedesa. Su relación con la trama de Francisco Correa y Álvaro Pérez, llega al punto de que quiso comprar parte de una de sus empresas, Easy Concept. Francesc Signes, diputado del PSPV, entregó al juez instructor del caso Bárcenas, Pablo Ruz, adjudicaciones de Sedesa por un valor de 13,7 millones de euros.

Posee la sociedad patrimonial Asedes Capital, empresa propietaria del Grupo Sedesa, y el fondo de inversión Pontia Capital. Comparte la empresa Savia Centros Residenciales con Ortiz y formó parte del accionariado de Valmor, la empresa que organizaba la fórmula uno en Valencia y posteriormente comprada por la Generalitat, operación investigada en la fiscalía. Su relación con uno de los también accionistas de Valmor, Bancaja, era estrecha. Actualmente se investigan por parte de Hacienda 15 créditos irregulares otorgados por la entidad financiera a Sedesa, al apreciar que podría haberse cometido un supuesto delito de fraude fiscal.

La empresa administrada por él, obtuvo en el período 1998-2009, 830 millones en obras del gobierno valenciano, según un informe de Método 3. El mismo informe, hablaba de que “más de 25 veces, la empresa vinculada al vicepresidente [refiriéndose a Cotino, que ocupó el cargo de vicepresidente tercero en el período 2007-2011] ha sido elegida en solitario para ejecutar proyectos por un montante superior a 90 millones de euros”. Además, su empresa estuvo a punto de pegar un pelotazo en Hungría en la construcción de un circuito.

Su empresa formó parte de la UTE que pretendía substituir el barrio marinero de El Cabanyal por torres de apartamento y estuvo en los orígenes de la creación del parque temático Terra Mítica. Obras y eventos como Terra Natura, el Oceanográfico, las bases de la America’s Cup, la ejecución de varios tramos del AVE o el paseo marítimo del puerto llevan el sello de la constructora.

Luis Batalla. Propietario de la constructora Lubasa, rebautizada como Becsa y más recientemente como Durantia, está implicado en el caso Gürtel por donar supuestamente 110.200 euros a la campaña electoral del 2007 de Francisco Camps, según la UDEF. Sus problemas con la justicia no vienen de nuevo, ya que el empresario fue condenado en mayo de 2006 por fraude fiscal en la declaración del IVA y del impuesto de sociedades durante tres ejercicios fiscales. El fraude fue de 2,2 millones de euros.

La firma del empresario valenciano participó en la construcción del circuito de Fórmula uno en una UTE, junto con Pavasal y FCC y en la construcción del aeropuerto de Castellón junto con PGP y FCC. También, participó en la aventura privatizadora de la sanidad de Zaplana con la creación del Hospital de Alzira, del que inicialmente tuvo un 2% del accionariado del centro hospitalario. Estuvo implicada en el proyecto fallido de Mundo Ilusión e hizo trabajos para la puesta en marcha del sueño húmedo del expresidente Zaplana: Terra Mítica.

Enrique Gimeno. El constructor valenciano, propietario de la empresa Fomento Agrícola de Castellón (FACSA), está imputado en el caso Gürtel por los delitos de falsedad documental y delito electoral, por donar supuestamente 470.000 euros a las firmas de la trama capitaneada por Francisco Correa, Orange Market y Easy Concept. Su empresa, concesionaria del suministro de agua de muchos municipios de Castellón, fue la constructora de la Ciudad deportiva del Castellón C.F., a cambio de las recalificación de terrenos, según indica la web Los Genoveses.

Además, según denunció la ahora eurodiputada de EU, Marina Albiol, Facsa a través de su participación en la empresa Renos S. L. fue adjudicataria del contrato para las obras de abastecimiento de agua del Aeropuerto de Castellón. Una contrata firmada por Juan José Morenilla, imputado en el saqueo de Emarsa.

Rafael Martínez. Presidente del Grupo Vallalba, está implicado en el caso Gürtel, ya que según la UDEF, el grupo empresarial presidido por Martínez, aportó supuestamente 200.000 euros de forma irregular a la campaña del expresidente Camps en los comicios autonómicos que ganó por mayoría absoluta en 2007. Los pagos fueron realizados presuntamente por la matriz del grupo empresarial especializado en el sector de la construcción y en la obra civil y las dos filiales Pavimentos del Sureste y Hormigones Martínez a la mercantil de la trama Orange Market. Según los informes policiales, era conocido en la trama como “El Cantante”.

Martínez, fue presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA) hasta el 2011, cuando dimitió por su implicación en la Gürtel. La filial del grupo, Hormigones Martínez, fue sancionada por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) por llegar a acuerdos con otras empresas para repartirse y fijar precios de licitaciones de obras junto con otras empresas del sector, como Becsa o Cyes. Participó de forma minoritaria en Terra Mítica a través del grupo de interés económico GFI.

Felipe Almenar. [El juez, en su auto de procesamiento, no ve indicios contra Almenar] Presidente de la constructora Cyes, en la rama valenciana de la Gürtel se le conocía como “El Príncipe” y aportó presuntamente 200.000 euros a la firma propiedad de los cabecillas de la trama Gürtel, Orange Market, según la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF). Debido a su implicación en la trama que azota el PP valenciano, cada vez se le da más atribuciones al hijo de Felipe Almenar en la empresa, Alejandro Almenar.

Pero, no solo Almenar está implicado en la trama liderada por Correa. El grupo empresarial Cyes, también se encuentra implicado de forma indirecta en el caso donde está imputado Rafael Aznar, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, por malversación y prevaricación. Según reveló el diario ‘Levante-EMV’, Aznar vivía en un exclusivo piso que hizo el principal contratista de la Autoridad Portuaria, la constructora Cyes, y su hijo trabajaba en la compañía como adjunto al jefe de obras.

Uno de los fundadores del grupo empresarial fue Vicente Cotino y en el consejo de administración se sentaba el hermano del segundo teniente alcalde de Valencia, Miquel Domínguez, Vicente Domínguez. También, participó en Terra Mítica a través del grupo de interés económico GFI.

Antonio Pons. Ex presidente del consejo de administración de la empresa especializada en obra pública y privada PIAF, está implicado en Gürtel por ser uno de los empresarios que financiaron presuntamente de forma ilegal el PPCV. Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales del 2010 implicaba a la firma en la supuesta financiación ilegal del PP y decía que PIAF era “adjudicataria de contratos con la administración pública valenciana en compensación de los favores realizados para la formación política del Partido Popular sufragando actos políticos”.

Además, según denunció en 2010 el concejal socialista de Castellón, Juli Domingo, el PP en Castellón había contratado a dedo a PIAF pese a las deudas tributarias que tenía la empresa con el consistorio. Asimismo, el edil del PSPV también criticó que Pons “fue socio de Víctor Campos en la firma Patrimonial Millars XXI SL. Campos fue concejal en el Ayuntamiento de Castelló, vicepresidente del Consell y secretario general del PP de Castelló”. Víctor Campos finalmente fue condenado por cohecho en la causa de los trajes.