Revés judicial al ‘capo’ de ‘Brugal’ en Alcoi
Pese a que durante muchos fue el dueño de la ciudad de Alicante, el empresario Enrique Ortiz extendió sus tentáculos por multitud de lugares. Entre ellos, y bajo el mandato de los populares Miguel Peralta y Jorge Sedano –ahora en Ciudadanos-, en Alcoi. Proyectos suyos como la reforma del Teatro Calderón o de un Bulevar cerca del estadio del CD Alcoyano acabaron en la justicia.
La misma suerte ha corrido el Parking de la Rosaleda. Aunque esta vez sin perjuicio para los alcoyanos. El juzgado número 3 de Alicante ha desestimado la demanda que presentó la Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona el aparcamiento –formada por Auplasa y una mercantil de Ortiz- en mayo por un desequilibrio económico-financiero en el contrato. Es decir, el promotor doblemente imputado en el caso ‘Brugal’ reclamaba más dinero al consistorio al acumular pérdidas durante los años de explotación de la concesión. En concreto, 1.275.441 euros.
La justicia considera que la adjudicataria era consciente de las condiciones y de los riesgos derivados de la licitación a la que concurría. Y por eso, da portazo a la petición de Enrique Ortiz. La UTE, en cambio, argumentaba que ante la permisividad del Ayuntamiento en que hubiera aparcamientos ilegales, el cambio de accesos al parking y la apertura de nuevas plazas públicas ponían en jaque los ingresos previstos.
Antes de llegar al terreno judicial, la UTE pidió ese dinero al consistorio. Pero, las razones expuestas fueron rebatidas por el ingeniero municipal y el jefe de servicios económicos. La falta de acuerdo derivó en nuevo enfrentamiento judicial del que ha salido ganador el ejecutivo local liderado por el socialista Toni Francés. Según ha recordado la concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano (PSOE), el propio informe económico con el que se presentó la UTE a la adjudicación establecía que en los primeros 11 años habría pérdidas. Y pese a eso, aceptaron.
La disputa en los tribunales entre Ortiz y la corporación municipal no es la primera. En 2014, la justicia ya falló a favor del Ayuntamiento, condenando a pagar a Ortiz 275.000 por errores en el diseño del proyecto. El anterior gobierno –formado por PSPV-PSOE y Esquerra Unida- multó con 301,51 euros diarios al presunto cabecilla del caso ‘Brugal’ por falta de mantenimiento del parking hasta que realizara los trabajos de conservación.
