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Revuelta contra Fabra por su anuncio de purga anticorrupción en el PP

Alberto Fabra, en un acto del PP.

Voro Maroto

La variable línea roja de Alberto Fabra –su cambiante política contra la presencia de sospechosos de corrupción de su partido en las instituciones- puede provocar un incendio en el PP. Después del anuncio de que el partido forzará la renuncia de sus cargos que vayan a ser juzgados muchos miembros del PP han mostrado su disgusto con el “maximalismo” del presidente.

Creen que su filosofía puede perjudicar a la formación y no es consistente. Por ello, hay mar de fondo en el PP valenciano: algunos diputados del PP, llegado el caso, incluso se plantean votar contra la expulsión de sus compañeros en las Corts Valencianes, algo que incluso podría dejar al PP en minoría.

Fabra ha decidido dar una vuelta de tuerca en su política contra la corrupción en su partido con el objetivo de romper con el pasado, reforzar su autoridad y marcar la agenda desmarcándose del legado de Francisco Camps, marcado por la quiebra de la Generalitat y la mancha de las irregularidades.

Esa política, plasmada en la renuncia a su escaño de la exconsellera Angélica Such, no es bien vista en amplios sectores del partido. Creen que va contra la presunción de inocencia al castigar políticamente actos que finalmente pueden quedar sin reproche penal, tal como le sucedió a Camps en el caso de los Trajes.

Siete imputados

Además, sitúa en el disparadero a muchos diputados que, aseguran, simplemente siguieron directrices en el partido. El PP, tras la renuncia de Such, tiene 7 diputados imputados. Dos por el caso Brugal, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, y cinco por el caso Gürtel: Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda García y Milagrosa Martínez. Ésta última, expresidenta de las Corts Valencianes y actual alcaldesa de Novelda, está bajo máxima presión, pero se resiste, de momento, a abandonar su escaño.

Rafael Blasco, actualmente juzgado por el robo de ayudas a la cooperación, se pasó al grupo mixto antes de ser desalojado del grupo parlamentario popular. Si Martínez persistiera en su desobediencia a Fabra, éste podría forzar la reglamentaria votación entre los diputados de su grupo para expulsar a “La Perla” al grupo de no adscritos. Fuentes del PP aseguran que no es ni mucho menos seguro que la decisión se tomara por unanimidad.

La revuelta, en todo caso, no se quedaría en Las Corts Valencianes. La voluntad declarada de Fabra de evitar que los imputados vayan en las listas pone en la cuerda floja a los alcaldes de Alicante, Sonia Castedo, y Castellón, Javier Bataller, éste imputado por Gürtel. La alcaldesa ya ha lanzado un aviso: “Le puede afectar a tantos... ¿Quién va a estar imputado de aquí a elecciones?”.

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