La quiebra de Torró: el juez embarga 740.000 euros a una empresa pública de Gandia

Todo el dinero que entra en las 13 cuentas de la empresa pública IPG, en 8 entidades bancarias distinta, sale de manera inmediata hacia Bankia para satisfacer los 740.000 euros a los que IPG fue condenada en diciembre de 2014 por impago. 740.000 euros que se corresponden con una deuda de 570.000 euros a los que se añaden 140.000 por intereses y costas. Todo por negarse a pagar un préstamo con Bankia firmado en julio de 2012 y que se satisfizo hasta la llegada del gobierno del PP.

Según un comunicado del partido, el grupo municipal socialista ha podido acceder a esta ejecución de títulos no judiciales con el número 239/2014 de autos. El embargo sobre los saldos pesará hasta que se complete la cantidad demandada, así como las cantidades que la Agencia Tributaria le transfiera a la empresa pública. “Al mismo tiempo, el juez de primera instancia del juzgado número 5 de Gandia ordena una averiguación patrimonial de la empresa pública para obtener más rápidamente el dinero. Una ejecución de diciembre de 2014 contra la que no cabía recurso y de la que nos hemos enterado hoy mismo por la opacidad con la que se manejan las cuentas de la empresa pública”, asegura el PSOE.

Para Vicent Mascarell, edil del PSPV-PSOE, “En una nueva muestra de nefasta gestión económica del gobierno del PP, el capricho de no pagar a los bancos costará 170.000 euros en intereses y costas a todos los gandienses. Llueve sobre mojado en una empresa pública que ha sufrido con mayor intensidad si cabe los desmanes de un gobierno manirroto que ha utilizado IPG para contratar a los amigos mientras se desatienden las necesidades de los ciudadanos y las obligaciones bancarias”