Valencia depurará las responsabilidades políticas de la 'operación Taula'
Pese a las discrepancias con Ciudadanos por la fecha de inicio, la primera comisión de investigación que se realizará en el Ayuntamiento de Valencia sobre un caso de corrupción ya está perfilada. O, al menos, en su estructura más básica. Como quería el tripartito -conformado por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú- que gobierna Valencia al final la comisión arrancará cuando se levante el secreto de sumario de la 'operación Taula'.
Aunque aún no están definidos cuáles serán los portavoces de cada partido en la comisión, sí que se ha acordado que en ella intervengan expertos académicos en temas de transparencia y prevención de la corrupción e informantes que “puedan aportar documentación e información sobre el caso”, según indican desde el Ayuntamiento. Tendrá una periodicidad de 15 días con dos tipos de sesiones: unas cerradas de carácter deliberativo y preparación del trabajo, y otras donde comparecerán todos aquellos concejales y ediles “imputados según estén en el sumario”, apuntan fuentes municipales. La duración de la comisión no está fijada.
En la comisión se revisarán todos los contratos bajo sospecha por la justicia. La Guardia Civil se llevó documentos relativos a proyectos como el de la rehabilitación de las Torres de Quart; remodelaciones como las de los puentes de Trinidad y Serrano, la del Pont de Fusta o la de la Iglesia de los Santos Juanes; y adjudicaciones otorgadas a Cleop o realizadas en La Rambleta. Junto a estos contratos, los socialistas pidieron auditar las adjudicaciones de varias ediciones de La Mostra, los contratos de publicidad con cuatro empresas del grupo Trasgos y la construcción del retén de bomberos de El Carme. “Sí están incluidos en la investigación serán analizados. Si no, no. Así se ha acordado”, certifican las mismas fuentes.
“El objetivo de esta comisión es depurar las responsabilidades políticas”, ha afirmado el concejal de Participación, Derechos e Innovación Democrática, Jordi Peris (València en Comú). Además, también se pretende “revisar los mecanismos de control de las adjudicaciones y contratos relacionados con la operación Taula”. Con ello, el Ayuntamiento quiere poner luz a las sombras de corrupción que han aflorado con las ramificaciones del 'caso Imelsa' en la corporación. Y todo, tras la rectificación inicial ya que el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), pocos días después de estallar el caso afirmó que “no era necesaria la comisión”.
Desde Ciudadanos lamentan que ningún partido haya secundado su propuesta de “se estudien los contratos de comunicación, rehabilitación y los contratos fraccionados inferiores a 18.000 euros”. Y critican a Podemos y a València en Comú -plataforma que integra a la formación de los círculos- por “iniciar la comisión ya en les Corts y aplazarla en el Ayuntamiento”.
