Zapadores, cárcel para inocentes
“En el centro de extranjería de Valencia no existen los derechos humanos”, relataba un inmigrante senegalés internado en 2011 en una denuncia presentada al Juzgado de Instrucción nº3 de Valencia. El Centro de Internamiento de Zapadores es para muchos el punto final de un camino lleno de dificultades y obstáculos que emprendieron para conseguir una vida mejor, el símbolo del muro que les separa del continente anhelado. Quizás también la prueba, como denunciaba este inmigrante, de que la Europa de la igualdad y la libertad “es mentira”.
Para Betty Roca, miembro de Psicólogos sin Fronteras, una de las organizaciones de acompañamiento en el centro de Zapadores, el internamiento supone “una ruptura con el normal desarrollo de la vida personal”, generada sobre todo por la incomprensión de lo que les está ocurriendo. “Puedes no tener papeles en 10 años y tener hijos, estudiar, trabajar, tener amigos y en un momento dado se cruza un policía en tu puerta y se trunca toda tu vida y todo el esfuerzo que has hecho”, recalca Carmen Cabrera, abogada de extranjería, muy activa en el caso de Zapadores . La falta de ocio conlleva a los internos a reflexionar, por lo que se crea “un caldo de cultivo para que las personas empiecen a desestructurarse”, advierte Roca.
Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son “establecimientos públicos no penitenciarios” donde se priva de libertad durante un máximo de 60 días a personas extranjeras que carecen de permiso de residencia y, por tanto, se encuentran en situación irregular, los que comúnmente son llamados “inmigrantes ilegales”. La falta administrativa que han cometido es equivalente al impago de una multa de tráfico.
El CIE de Zapadores se ubica a escasos kilómetros del centro de la ciudad, y aun así su existencia es prácticamente desconocida para la mayoría de los vecinos del barrio de La Plata. Este centro se encuentra dentro del recinto policial de la comisaría de Zapadores, entre la avenida Dr. Waskman (donde está la entrada) y la calle Zapadores. El perímetro está completamente rodeado por muros de hormigón con alambrada en la parte superior. No hay ninguna inscripción que identifique la naturaleza del espacio. La apariencia del recinto desde la calle da impresión de recinto carcelario o militar.
En la actualidad los centros de internamiento de extranjeros están amparados por la legislación española a partir de las sucesivas leyes “de extranjería” redactadas desde 1985. Algunas instituciones españolas como el Defensor del Pueblo o la Fiscalía del Estado han criticado el funcionamiento de estos centros en varias ocasiones. También la legislación Internacional de los Derechos humanos considera que tanto la función, como las prácticas que se llevan a cabo en el interior de los centros, son una práctica ilegal por su desproporción y discriminación.
Los CIE no son un invento español, ya que existen a lo largo y ancho de Europa con otros nombres como Centros de Retención Administrativa en Francia, tal y como explica Javier De Lucas, catedrático en Derecho internacional y miembro del mecanismo nacional de prevención contra la tortura, que representa a España en la Convención de Naciones Unidas de la UE. Además, afirma que “los CIE son una institución europea, forma parte del empeño que algunos hemos caracterizado como obsesión europea por vincular la inmigración a la dimensión securitaria y de orden público, es decir, utilizar la inmigración como un problema obstáculo, un problema que se crea para decir que uno lo soluciona”. De hecho, en España hay siete centros de internamiento, situados en Madrid, Barcelona, Valencia, Gran Canaria, Murcia, Algeciras y Tenerife, respectivamente, que pueden mantener internas a un total 5.000 personas. No obstante, existen una serie de centros -se han identificado 10-, que el Gobierno de España no reconoce oficialmente como CIE, que están situados en lugares estratégicos donde la llegada de inmigrantes es diaria, como el estrecho de Gibraltar y Canarias. El territorio europeo alberga más de 220 centros en los que el total de internos asciende a 37.000 personas.
El internamiento en un CIE es una medida -presuntamente- cautelar que precede a la deportación de las personas extranjeras. La decisión del internamiento la propone la Policía Nacional y la ejecuta un juez. La detención en estos centros se considera una medida extraordinaria, solo operativa en casos concretos y justificados, como personas que supongan un peligro para el orden público, haya riesgo de incomparecencia o dificulten su expulsión. Sin embargo, la arbitrariedad es, en la mayoría de detenciones, la práctica más utilizada. En todo caso, el período de internamiento no puede exceder los 60 días.
Los marcos legales vigentes tanto español, como europeo e internacional afirman que debe promoverse el “retorno voluntario” y que las expulsiones coactivas deben configurarse como algo excepcional. Afirmaciones paradójicas, ya que son las propias políticas migratorias las que favorecen que el internamiento en el CIE se efectúe de manera desproporcionada y pasando por encima de los derechos humanos de los inmigrantes.
Los datos de 2012 recogidos en la Memoria anual del Defensor del Pueblo y en la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado publicada el pasado año, de las 11.325 personas ingresadas en el CIE, solo fueron expulsados 5.924, es decir, el 52,30%; cifras similares a las de los años anteriores. Esto evidencia que la medida del internamiento resulta ineficaz para cumplir el objetivo que se supone que tienen: materializar la expulsión. Por otra parte, las personas que finalmente son liberadas, vuelven a integrarse en el mercado de “explotación y mano de obra clandestina en situaciones de incluso semiesclavitud”, según afirma Sara Verdú, miembro de Valencia Acoge y responsable del informe “CIE no”.
Reglamento sin novedades
El nuevo reglamento de los CIE aprobado el pasado mes de marzo por el Gobierno apenas introduce mejoras en los derechos y condiciones de vida de los internos, si no que refuerza el ya existente modelo de gestión policial. Los centros de internamiento están dirigidos por la Policía Nacional, lo que supone que se considera a las personas internas como un problema de seguridad y orden público, cuando en su inmensa mayoría no lo son. Según Javier de Lucas, es “incoherente”, ya que la inmigración no supone un problema de seguridad, si no un “problema social”. El funcionamiento del CIE está supervisado por un director, que a su vez forma parte del cuerpo de Policía Nacional, el comisario de Zapadores. Por encima de los agentes y del director que trabajan en el interior del CIE, se encuentra el Director General de la Policía, y en última instancia, el Ministro de Interior. El problema se plantea en el hecho de que no hay ninguna institución externa que supervise el funcionamiento de los centros, según Javier de Lucas, la estrategia es “mantener el ámbito de actuación en el seno del Ministerio del Interior”. En esta dirección, Cabrera apunta que tan solo “se ha puesto por escrito lo que ya se hacía, esta cobertura legal no genera ningún derecho más de los que ya se habían consolidado”. Pilar Fernández, miembro de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, añade que “la situación no va a cambiar con el nuevo reglamento”.
Para muchas asociaciones, la nueva regulación no pondrá fin a la opacidad, arbitrariedad e impunidad policial que se da a diario en los CIE españoles. Normas como la introducción de armas de fuego en la vigilancia o que la instalación de cámaras de vigilancia no sea obligatoria para esclarecer denuncias, refuerzan las sucesivas denuncias de las ONG. Que la responsabilidad de los centros recaiga sobre el cuerpo policial tampoco gusta a los agentes. De hecho, los CIE son considerados destinos de “castigo” para muchos policías. “La Policía Nacional no tendría que ser la encargada de atender a los internos como si fuésemos asistentes sociales, este trabajo tendría que ser realizado por personal preparado para este fin”, afirma Roberto Villena, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Valencia, quién añade que los agentes tratan de que “las situaciones no se desmadren y la verdad es que en ocasiones es difícil trabajar en las condiciones que se dan los CIE”. Para Albert Mora, deberían ser gestionados por especialistas “del ámbito social no del policial”, aunque para el Doctor en sociología se trataría únicamente de “parches”, ya que, para él, los centros de internamiento “son una vergüenza que no deberían regularse porque no deberían existir”.
Además, no se garantiza la entrada al centro de asociaciones para tareas de acompañamiento y asistencia. De hecho, el reglamento permite la privatización de la gestión de los servicios del CIE, por lo que las entradas de las ONG ya no estarían justificadas. Se trata de un paso atrás muy importante, ya que la entrada a la zona de visitas de las organizaciones sin ánimo de lucro ha sido clave en los últimos años para sacar a la luz lo que realmente ocurre dentro de esos centros, como ha ocurrido con el CIE de Zapadores de Valencia. Aunque se han enfrentado en ocasiones con muchas dificultades en el acceso. “Son centros de mucha arbitrariedad, si a uno de los policías se le ocurre que no entras, no entras y punto.”, sostiene Betty Roca. Las denuncias e informes presentados por la Plataforma por el cierre de los CIE de Valencia han visibilizado numerosas faltas de derechos y abusos que han mejorado sin duda las condiciones de los internos.
El internamiento en el CIE no solo supone un paréntesis en la vida de la persona, sino que, es una situación que le marca y condiciona psicológicamente de cara al futuro. Además, del coste humano que acarrea también comporta un elevado coste económico que se ve agravado por la situación actual de crisis en la que Europa se encuentra inmersa. Según un informe publicado por Pueblos Unidos en 2013, el coste de los CIE en 2011 se presupone de 8.300.000 euros, lo que supone una media de 727 euros por interno y mes. A esto, hay que sumarle el coste de las deportaciones, que en 2012 ascendieron a 17. 396.190 euros. Estos datos económicos que se proporcionan no son exactos, si no meras aproximaciones, puesto que no hay cifras oficiales. A pesar del elevado coste que suponen, los CIE se han consolidado como la única medida cautelar en el procedimiento de expulsión, de hecho, se aplica sistemáticamente, frente a otras alternativas legales no coactivas, como podría ser la comparecencia periódica de los extranjeros en comisaría. En línea económica, el SUP denuncia que el presupuesto del CIE de Zapadores sale del que tiene la propia comisaría para mantener sus instalaciones “cuando usted entra en una Comisaría y ve las paredes sucias o desconchadas, cuando pasa por el Centro Policial de Zapadores y ve las paredes con redes por el peligro de caída de cascotes, es porque el presupuesto se lo comen en el CIE”, advierte Villena.
¿Cómo acabar en el CIE?
Existen varios procedimientos de internamiento en un CIE. En primer lugar, cabe mencionar que la Orden Ministerial del 20 de febrero de 1999 establece que las personas han de ser informadas en el momento de su ingreso, y en su propio idioma, sobre su situación de internamiento, sobre sus derechos y deberes, el régimen interno que se les va a aplicar, y los medios que tienen para realizar quejas y peticiones. No obstante, en la práctica esto no ocurre, y la incertidumbre es la principal protagonista a la hora de llegada al CIE y suele prolongarse durante toda la estancia, en la mayoría de los casos.
El informe realizado por la campaña “Cie NO” advierte que el 19% de las personas internas han sido detenidas en Valencia capital, el 39% en otras poblaciones de la Comunidad Valenciana, el 15% procedían del resto del Estado español, este último dato conlleva irregularidades legales, como, por ejemplo, la detención de una persona en Santiago de Compostela que es trasladada directamente al CIE de Valencia sin ningún tipo de explicación y con un letrado adjudicado en su ciudad, es decir, de cara al juicio de su expulsión se encuentra indefenso. Otro caso alarmante son las personas detenidas y enviadas al CIE en el momento de su salida de prisión tras el cumplimiento de una condena (4%) y por último, de un 35% se desconoce el lugar de la detención.
En cuanto al lugar de la detención, la mayoría de personas que han sido internadas en Zapadores manifiestan haber sido detenidas transitando por la calle, seguidos de un 10% que fueron detenidas en frontera o interceptadas en la costa; el 11% habían sido detenidas en la propia Comisaría de Policía o en alguna institución pública a la que se habían acercado para llevar a cabo algún trámite administrativo; en porcentajes menores, pero significativos, se encuentran casos de detenciones en transportes públicos, locutorios o en el propio domicilio mediante redadas.
Estas redadas policiales a inmigrantes son las que más revuelo social han suscitado. Fueron descubiertas durante el mandado de Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior, y se caracterizaban por actuar de una manera muy definida: los agentes se sitúan en zonas de paso habitual de extranjeros y solicitan documentación a todo aquel que por sus rasgos físicos pudiera ser extranjero en situación irregular. Aunque desde el SUP advierten que esta práctica apenas se lleva a cabo, desde la ONG SOS Racismo o Amnistía Internacional España no opinan lo mismo.
La tercera vía de entrada a los CIE es la cárcel. Es una práctica peligrosa mezclar a personas con antecedentes con personas que no los tienen porque la imagen que se da es de criminalización de la inmigración. Además, las personas que acceden a los CIE a través de la cárcel suelen generar tensiones y conflictos con el resto de personas que conviven en el centro, y la situación se ve agravada cuando los policías no cuentan con la preparación adecuada para llevar a cabo un proceso de rehabilitación y de reinserción de las personas que han cometido algún delito penal.
M.P. (siglas que representan una testigo que prefirió mantener el anonimato), valenciana, explica cómo la policía entró en la casa en la que vivía de okupa junto a su novio, de Ghana, que actualmente está interno en el CIE de Zapadores. “Vivimos de okupas porque nos quemaron nuestra casa, con los papeles de él dentro, por eso no tenemos nada, y después de 18 años en España se lo llevan interno, pero no voy a permitir que se lo lleven a su país, él es de aquí”. M.P. relata que cada día visita a su pareja, le lleva comida y algo de ropa, ya que como explica “ellos dentro no tienen nada”. La afectada se lamenta de que a pesar de que su pareja le cuenta que se encuentra bien, está convencida de que no es así. “¿Cómo va estar bien si ni siquiera puede ir al baño por las noches? Están encerrados todo el día”, denuncia M.P, quién según cuenta visita a diario a su pareja durante únicamente diez minutos y separados por una mampara de cristal.
60 días en el CIE: deficiencias y vulneraciones
La movilización de las organizaciones ha evidenciado las numerosas necesidades básicas sin cubrir en el centro de Zapadores y, además, las violaciones de derechos y maltrato que han padecido un gran número de internos, como se recoge en numerosas quejas y denuncias presentadas al Juzgado de Instrucción nº3 de Valencia, un juzgado encargado de controlar las condiciones de internamiento y garantizar los derechos de los internos. No se da información oficial, pero las ONG calculan que en el centro de Zapadores hay unos 150 internos aproximadamente, unos 120 hombres por unas 20 mujeres. Gracias a la decisión del juzgado se permite la entrada de las organizaciones sin ánimo de lucro. “Tenemos la posibilidad de entrar a un espacio, a un cuarto determinado y es donde nos comunicamos con los internos y las internas, por lo que no tenemos la posibilidad de entrar a las celdas, a los baños, a las celdas de aislamiento…”, recalca Sara Verdú en representación de Valencia Acoge.
Además de restringir la libertad ambulatoria de los inmigrantes internados, todos los testimonios recogidos en los informes de las organizaciones y de CEAR (Comisión Española de Ayudada al Refugiado) ponen de manifiesto la falta de información a los internos, que en muchos casos no saben porque han sido detenidos, ni entienden que hacen dentro del CIE. También, la vulneración del derecho a ser asistido por un intérprete o la falta de información para solicitar un asilo en casos totalmente justificados, aunque, según relata Carmen Cabrera ha habido una “ola” de peticiones de asilo desde el pasado verano ya que “suspenden temporalmente la expulsión”. Asimismo, se obstaculiza la comunicación con el exterior, ya que los internos tienen prohibido el uso de teléfonos móviles y deben pagar para poder realizar llamadas desde las cabinas del centro.
Otra denuncia relevante es la más que deficiente asistencia jurídica a los internos. En ocasiones los internos no pueden ponerse en contacto con los letrados que se les ha asignado de oficio, ya que tras la detención son enviados a centros de otra ciudad. “Lo necesario en el CIE de Zapadores es que exista un grupo de abogados que estén allí dos o tres horas al día, porque allí hay un oscurantismo brutal”, defiende Cabrera ante el desconocimiento de muchos internos de su proceso de expulsión.
A esta incertidumbre se suma pasar 60 días en un centro como el de Zapadores que no cumple con un mínimo de condiciones de vida y habitabilidad. Numerosos internos han denunciado al Juzgado de Control cuestiones como el hacinamiento en las celdas, una alimentación de poca cantidad y variedad que no se adapta a las necesidades alérgicas, celíacas o diabéticas, y la falta de ocio o intimidad. “Dicen los que han pisado la cárcel que es mucho mejor, que tienes TV en tu cuarto, con váter, que hay libertad casi total de movimiento, pero aquí estamos todo el tiempo controlados”, denunció un al Juzgado. Las celdas no cuentan con baño, por lo que durante la noche los internos se ven obligados a “utilizar botellas de agua para orinar”, según cuenta la miembro de Valencia Acoge. La cuestión de la higiene personal también deja mucho que desear, ya que no se les proporcionan productos de higiene ni ropa limpia. “Estar 60 días con la misma ropa interior es bastante lamentable”, señala Verdú.
Estas condiciones de vida socavan más si cabe el deterioro físico y psicológico que supone el internamiento para los inmigrantes, especialmente a aquellos que tienen familia o hijos y que no han cometido ningún delito, lo que se añade a los desequilibrios que conllevan los procesos migratorios. Un desequilibrio enfatizado por la convivencia entre grupos de internos de diferentes culturas, etnias y religiones, que produce situaciones de tensión. Aunque como explica Sara Verdú, “sorprende los lazos de solidaridad que hay entre los internos y las internas, se ayudan como intérpretes, se prestan ropa, dinero…, es muy emocionante”.
Extralimitación policial
Organizaciones como Pueblos Unidos o las que conforman la Plataforma para el Cierre de los CIE han denunciado los abusos y extralimitaciones que llevan a cabo determinados agentes de policía hacía los internos, según los testimonios de los propios inmigrantes. Se denuncia que los agentes no cumplen la normativa de llevar de forma visible el número de su placa identificativa, agresiones físicas o verbales o el uso de celdas de aislamiento. Estas celdas están destinadas para aislar a personas conflictivas que se muestran alteradas y violentas, pero carecen de reglamento o protocolo de uso, de autorización judicial y de un registro de los inmigrantes que son aislados.
La falta de transparencia o la dificultad en el CIE de Zapadores de que estos hechos puedan ser investigados o juzgados hace pensar a las organizaciones y abogados del posible abuso de algunos agentes en sus funciones. “tanto los denunciantes como los testigos de esos abusos son inmediatamente sujetos a un procedimiento urgente de expulsión con lo cual el procedimiento judicial se queda vacío de la pieza básica testimonial”, sentencia Javier De Lucas. La abogada Carmen Cabrera defiende la misma tesis, ya que afirma que cuando se denuncian malos tratos “hay repercusiones sobre los internos e incluso sobre miembros de la campaña, a algún compañero se les ha prohibido la entrada”.
Desatención sanitaria
La muerte de Samba Martine en 2011, interna del CIE de Aluche en Madrid, y la del armenio Aramis Manukyan el pasado diciembre en el CIE de la Zona Franca de Barcelona han puesto el foco de preocupación de expertos y organizaciones en la atención sanitaria a los inmigrantes dentro de los Centro de Internamiento.
La normativa obliga al CIE a realizar un examen médico en la enfermería del centro antes de 24 horas tras el ingreso para evaluar las posibles enfermedades físicas, psíquicas o toxicomanías, y de esta forma instalar a los posibles pacientes en dependencias separadas. Sin embargo, estas dependencias específicas no existen en el CIE de Zapadores. Organizaciones como Valencia Acoge denuncian que en algunos casos el servicio médico del centro duda de las dolencias de los internos, o que en los reconocimientos no se cuenta con un intérprete para que facilite la comprensión entre los profesionales médicos y el interno. Además, no está permitido entregarles o acceder a sus propios informes médicos o historias clínicas. Sara Verdú narra que últimamente se ha negado a mujeres interrumpir voluntariamente su embarazo y a transexuales se les ha obligado a “detener sus tratamientos hormonales”.
La ignorancia de la sociedad ante la existencia de estos centros y el silencio mediático que los envuelve confirman la realidad en la que vivimos. Una realidad marcada por el clientelismo de los grandes grupos mediáticos y por las cuestionables políticas de extranjería llevadas a cabo por los países del primer mundo. Porque en teoría todos somos iguales, pero en la práctica, instituciones como los CIE se obcecan en presumir que no.
