La fiscalía recurre el archivo por parte de la jueza Nieves Molina de la causa del accidente de metro
La fiscalía ha presentado un recurso ante la Audiencia de Valencia contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de archivar la causa por el accidente de metro ocurrido el 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas.
Según han informado a EFE fuentes judiciales, esta petición se fundamenta, al igual que el anterior recurso de reforma presentado por el Ministerio Público, en la reivindicación de la práctica de nuevas pruebas que en su día fueron rechazadas por la instructora.
Entre otros asuntos, se reclamaban nuevos informes sobre los mecanismos de prevención de riesgos laborales en Ferrocarrils de la Generalitat, la aptitud del conductor del convoy siniestrado, las actas del Comité de Seguridad y los marcos de las ventanas de los vagones.
El pasado mes de junio la jueza rechazó dicho recurso de reforma y confirmó el archivo de la causa por tercera vez.
“Falta de rigor” de la fiscalía
En su auto, la jueza argumentó que las periciales solicitadas por la Fiscalía versaban sobre asuntos que ya habían sido analizados, y reprochaba al Ministerio Público la “falta de rigor” por utilizar “datos erróneos” para desacreditar a un perito judicial por estar investigado en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción 3 de Santiago de Compostela por el accidente de un tren Alvia.
Para la titular del Instrucción 21 de Valencia, el derecho a la tutela judicial efectiva que esgrimió la Fiscalía para justificar su petición de nuevas diligencias “no es un derecho ilimitado” y ha de conjurarse con otros derechos, “entre ellos el de la presunción de inocencia que directamente afectaría a los investigados”.
Apuntó que “también le corresponde al Ministerio Fiscal velar por los derechos de aquellos” y “hacer constar y consignar en el procedimiento todo aquello que favorezca a los investigados”.
Asimismo, la instructora mantuvo que no tiene competencia, por razón de su jurisdicción, para requerir un informe a la Agencia Ferroviaria Europea, como pretendía la fiscal.
