La alcaldesa reconoce que contratar a Lafuente fue un error: “Me equivoqué”
“Me equivoqué. Pero le puedo decir que no lo hice de mala fe, ni por enchufar como se ha dicho, ni por colocar, ni por sueldo”. Amparo Marco, alcaldesa de Castellón, reconoció el jueves con estas palabras que la contratación de Juan Ángel Lafuente como director de la Oficina de Planificación y Proyección Económica del Ayuntamiento fue un error.
Marco justificó su decisión en que “quería contar con una persona que consideraba de valía”. El error, según Marco, estuvo en las formas: “Quizá fallé en no consensuarlo con el Pacto del Grao”. La alcaldesa dio estas explicaciones durante un Pleno extraordinario, que se celebró a petición del PP. El único punto del orden del día era una moción que pedía el cese inmediato de Lafuente, y que se aprobó gracias a los votos de PP, Ciudadanos y Castelló en Moviment.
“Absolutamente legal”
La alcaldesa explicó que la contratación de Lafuente fue “absolutamente legal” porque él es funcionario y se trató de una comisión de servicios. En su intervención, dio dos razones para no destituirlo de forma fulminante. La primera es que no sería legal, según un informe de recursos humanos del consistorio, ya que no hay razones organizativas que lo justifiquen.
La segunda es que el proceso abierto que se ha convocado para elegir un nuevo director para la oficina no se resolverá hasta julio, y hasta entonces el órgano no puede quedar descabezado. La importancia de esta oficina es que “tiene que traer 20 millones de fondos EDUSI, tiene que traer más fondos a esta ciudad (...) que nos puedan permitir no incrementar el ratio de endeudamiento y bajar la presión fiscal a la ciudadanía”.
Castelló en Moviment insiste
Las explicaciones de Amparo Marco y su equipo no convencieron a la oposición. Xavier del Señor, portavoz de Castelló en Moviment, criticó que Marco haya tardado tanto en dar explicaciones: “El problema no es equivocarse, es la gestión que se hace del error”. Vicente Vidal, acusó a Marco de “reírse de nosotros” porque “no cesa a Lafuente, simplemente no le renueva el contrato”. Begoña Carrasco, líder del PP, preguntó a la alcaldesa “qué tiene este señor, que la ha puesto en rebeldía” y afirmó que el despido puede ser inmediato porque “la contratación fue discrecional”.
Por su parte, Ignasi García, portavoz de Compromís, dio por zanjada la polémica. “No queremos poner en riesgo la plaza de técnico ni el acuerdo del Grau”, afirmó. Criticó que el principal objetivo del PP es “dañar al gobierno municipal”. Son, dijo, la “extrema derecha”.
Tensión en la bancada del PP
El Pleno se desarrolló en un ambiente tenso que fue deteriorándose con el paso de los minutos. El punto álgido llegó con el amago de abandonar la sesión por parte del grupo popular. Su portavoz, Begoña Carrasco, se levantó de su puesto y, sin pedir turno de palabra, exigió disculpas a Marco, que la había acusado de “tener esa puesta en escena, sabiendo quién es usted, de dónde viene, su pasado y dónde ha estado trabajando”.
El resto de concejales del PP la jalearon entre aspavientos mientras se lamentaban en voz alta de la actitud de la alcaldesa. Marco no pidió perdón ni explicó la razón de sus críticas a Carrasco. Posteriormente, su equipo remitió a la prensa al estudio del currículo de la portavoz del PP. En el documento, figura que Carrasco desempeñó el cargo público de directora de la Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información en Castellón (OVSI) entre 2007 y 2012.
Tres meses de “caso Lafuente”
La polémica por la contratación de Lafuente arrancó en febrero, cuando se conoció su nombramiento. Si bien no hubo dudas sobre la valía profesional del elegido, sí se criticó la forma en la que fue contratado. La oposición criticó que Juan Ángel Lafuente se incorporó a este puesto, remunerado con 90.000 euros brutos anuales, un año después de renunciar a ser concejal, un cargo en el que habría cobrado la mitad de esa cantidad, aproximadamente.
Compromís y Castelló en Moviment, socios del PSOE en el Pacto del Grau, compartieron esta queja. La consecuencia fue que en el Pleno del 23 de febrero, todos los partidos menos el socialista votaron a favor del cese de Lafuente. Al día siguiente, después de una tensa junta de Gobierno, PSOE y Compromís anunciaron que habían acordado que el aludido abandonaría su puesto, pero solo cuando el proceso de selección de su sustituto hubiera acabado, un proceso que podría demorarse unos seis meses.
