Frente común de las cinco autonomías implicadas para acelerar el Corredor
Los gobiernos de la Comunitat Valenciana y de Catalunya quieren aplicar la máxima de que la unión hace la fuerza en un proyecto de vital importancia como es el Corredor Mediteráneo.
Por este motivo, se han reunido este lunes la consellera de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana, María José Salvador, con el conseller de Territorio catalán, Josep Rull, con el objetivo de poner en común la situación de las obras de esta infraestructura en ambas autonomías y de establecer accciones comunes para lograr que se agilicen las obras.
En este sentido, ambos se han mostrado partidarios de coordinarse con el resto de autonomías afectadas por el Corredor para hacer un frente común que dote de más fuerza y argumentos la reivindicación de esta nueva plataforma ferroviaria.
Según Salvador, en su momento ya se reunió con el gobierno de Aragón por este motivo y el presidente del Consell, Ximo Puig, también ha planteado acciones conjuntas con el presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en una reunión que han mantenido este lunes. Así, en próximas fechas harán lo propio con la Junta de Andalucía.
Tanto Salvador como Rull han asegurado que no solo presionarán ante el Gobierno central, sino también ante el Parlamento Europeo.
Así, han comentado que exigirán al Ministerio de Fomento un calendario de obras “cierto y evaluable” y para ello, pedirán que se nombre un coordinador técnico que gestione la ejecución de todo el proyecto desde el terreno y que sirva de interlocutor para informar a las diferentes autonomías de los avances de las obras.
Además, Salvador ha denunciado que no es normal que “la segunda y tercera ciudad de España tengan la misma conexión ferroviaria desde el año 1997”, lo que ha su juicio demuestra las escasas inversiones que ha recibido el eje Mediterráneo: “En la pasada legislatura la Comunitat ha estado a la cola en licitación de nuevas inversiones por habitante”, ha lamentado.
Por su parte, Rull ha criticado la política centralista que tradicionalmente se ha impuesto desde el Gobierno central, lo que ha supuesto “una gran pérdida de oportunidades de desarrollo económico para comunidades como Catalunya o el País Valencià”.
