Los bebés robados también son memoria democrática
Las Corts valencianas reconocerán a los bebés robados en la ley de Memoria Democrática. El pleno de les Corts ha aprobado este jueves la norma para la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo con la oposición del PP y la abstención de Ciudadanos. Los populares se empecinan en que “no se tiene en cuenta a las víctimas del Frente Popular” y se ignora la represión republicana; la formación naranja, insiste en que es “manifiestamente mejorable”.
El Gobierno valenciano se compromete con la Ley de Memoria Democrática a exhumar más de 300 fosas comunes existentes en territorio valenciano para identificar a 11.000 víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista. De acuerdo con las familias, se financiarán los trabajos de identificación y, si se advirtiera la comisión de un delito como el de ejecuciones clandestinas, se denunciará en el juzgado. Además, prevé la recuperación del derecho “a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación”, a través de una Comisión de la Verdad autonómica y la solicitud al Gobierno central de una para todo el Estado.
El texto adapta los criterios de la ONU de reconocimiento de víctimas directas e indirectas del franquismo y crea un Instituto de la Memoria Democrática para desarrollar sus funciones. Entre ellas, fija el plazo de un año -desde su entrada en vigor- para retirar todos los símbolos del alzamiento militar, la dictadura y aquellos elementos “contrarios a los valores democráticos”.
La principal enmienda de la norma en su trámite parlamentario ha sido la inclusión de los bebés robados, una propuesta conjunta de PSPV, Compromís y Podemos. El Institut elaborará un censo de recién nacidos sustraídos con los datos de todos los centros públicos e instituciones que posean archivos sobre nacimientos y adopciones, tanto de mujeres encarceladas embarazadas como de aquellas que dieran a luz en centros “de cualquier índole” para llevar un registro de las adopciones.
El censo de recién nacidos sustraídos no será público para salvaguardar los datos personales, pero el instituto facilitará copias a las personas interesadas. La ley prevé un banco de ADN de madres biológicas y personas adoptadas y se coordinará con otros bancos de ADN para intercambiar datos.
