El juez busca en Valencia a los responsables del lucro de Urdangarín
El juez que investiga el caso Nóos, José Castró, interrogará el 11 y 12 de abril en Valencia a 15 políticos y empresarios para intentar esclarecer quién adjudicó contratos por 3.6 millones de euros a Iñaki Urdangarín por organizar el Valencia Summit¸un congreso sobre el deporte.
El magistrado, que intentó imputar, sin éxito, a Francisco Camps y Rita Barberá por este asunto, considera que los contratos entre las administraciones valencianas y el yerno del rey fueron hechos al margen del procedimiento habitual y legal y sin “sentido común”.
Por ello, y a petición de uno de los imputados, Luis Lobón, ex secretario autonómico de Grandes Proyectos, interrogará a la cúpula de la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau, la entidad privada, pero controlada por el Ayuntamiento de Valencia, que contrató a Urdangarín.
El expresidente de Feria Valencia, Alberto Català; el expresidente de la Confederación Empresarial Valenciana Rafael Ferrando; la diputada del PP en el Congreso y exconsellera Belén Juste o la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Mayren Beneyto, responderán ante el juez como testigos. Todos ellos o formaban parte del patronato o estaban relacionados con la gestión de la fundación.
Barberá se quitó de en medio
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, negó ante el juez que hubiera contratado a Urdangarín y derivó cualquier eventual responsabilidad a la Fundación, presidida por su vicealcalde, Alfonso Grau, y sostenida mayoritariamente por fondos municipales.
Sin embargo, algunos de los exaltos cargos de la Generalitat imputados en la causa, el ex director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, y el mencionado Lobón, declararon que la responsabilidad de contratar con Nóos no era suya. Apuntaron más arriba, hacia la cúpula de la Generalitat –Francisco y Gerardo Camps, entonces conseller de Hacienda- y el ayuntamiento.
De hecho, Castro cree que se pudo cometer prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y falsedad en documentos oficiales en las adjudicaciones valencianas a Nóos. Por esos delitos imputó a Camps y Barberá. Como ambos son aforados, el Tribunal Superior de Justicia rechazó la petición de imputación, aunque si apreció indicios de delito en los contratos con Urdangarín.
Ahora, el juez, descartada por el momento cualquier responsabilidad penal de Camps y Barberá, también busca en la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau a los responsables del lucro del yerno del rey.
