La patronal de Castelló destituye a su secretario general por el fraude de 1,8 millones de euros en los cursos de formación
La Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) ha iniciado un lavado de cara para recuperar el prestigio perdido. Por ello, la destitución de Rafael Montero como secretario general era una cuestión de tiempo, sobre todo después de que el pasado 29 de julio el juez Jacobo Pin, que instruye la causa por el supuesto fraude de 1,8 millones de euros en los cursos de formación, anunciara el procesamiento del empresario de 78 años de edad. A partir de ahí se había iniciado la cuenta atrás, culminada con la celebración de la asamblea general.
Montero seguirá en nómina de la CEC, pero sin competencias ejecutivas, hasta que la propia patronal encuentre una fórmula legal para formalizar el despido, ya que no está dispuesta a abonarle una indemnización. El hecho de que existe un agujero económico de 1,5 millones de euros, motivo el por el cual la junta gestora ha solicitado el preconcurso de acreedores, se considera razón más que suficiente para liquidar al exsecretario general con la cantidad más baja posible pese a que lleva en la entidad desde 1980.
German Belvis, de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), ejercerá de manera provisional como secretario general de la patronal castellonense, a la que también acceden como miembros de la gestora: Juan Vicente Bono, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica (Asebec); Vicente Cuevas, de la Asociación de Empresarios de Transportes de Viajeros en Autobús; Néstor Pascual, de Fepac-ASAJA; Carmelo Martínez; Maite Balada, de la Asociación de Mujeres Empresarias; y Juan Fernando Alfonso.
Cabe recordar que tres días antes de conocerse el procesamiento de Montero, el entonces presidente de la CEC, Jesús Roca, y tres vicepresidentes (el citado Carmelo Martínez, Fermín Renau y Cristóbal Bellés) presentaron sus dimisiones por la grave crisis interna. Como consecuencia de esta situación, ocho empleados de la patronal se han visto obligados a interponer una demanda ante la Inspección de Trabajo por llevar casi cuatro meses sin percibir sus nóminas.
