Isabel Bonig y Óscar Clavell pagaron 24.000 euros por el gimnasio de una concejala del PP sin concurso público
El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la Vall d’Uixò sigue sin salir de su asombro con las supuestas irregularidades que se cometieron entre 2007 y 2015. Esto es, durante los mandatos como alcaldes de Isabel Bonig (hasta junio de 2011), actual presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, y Óscar Clavell (entre 2011 y 2015), diputado nacional e imputado por malversación. Cada vez que la corporación progresista inspecciona un cajón o abre un armario para inventariar descubre alguna anomalía. La última resulta tan llamativa como sospechosa.
Según denuncia el concejal de Hacienda y de Policía, Javier Ferreres, el PP ocultó un informe técnico de octubre de 2011 que alertaba sobre la singularidad de una factura por un importe superior a los 24.000 euros. En concreto, el escrito cuestionaba tanto la legalidad del proceso de adjudicación del contrato como la prestación del servicio de acondicionamiento físico. La cantidad se desembolsó por la utilización de un gimnasio propiedad de la edil popular Yolanda González.
“No se tiene conocimiento de qué personas de este departamento (Policía) hayan utilizado este servicio en el período de tiempo facturado. Por todo esto pienso que tal factura debe minorarse en atención al servicio prestado o anularse por su elevado coste”, recoge el documento, hecho público por el propio Ferreres.
La ley obliga a que los contratos menores tengan una vigencia de un año y no se puedan encadenar varios a lo largo de diferentes ejercicios, a excepción de que se publique un concurso público. Sin embargo, Bonig y Clavell pagaron 6.000 euros anuales durante 4 años, “sin abrir un procedimiento en el que pudieran presentarse todos los gimnasios de la Vall d'Uixò”, explica el concejal de Hacienda.
Para Ferreres, dicha forma de proceder acredita que “el PP se saltó la ley, no hizo caso a los informes técnicos que decían que ese servicio no lo utilizaba nadie y por lo tanto debía eliminarse, vulneró la igualdad de oportunidades y se lo adjudicó a dedo al gimnasio que regenta una concejala del Partido Popular”.
Al respecto, el munícipe subraya que “eran prácticas habituales del anterior equipo de gobierno los contratos por obra y servicio de larga duración, cuando por ley deben ser de un máximo de 6 meses, encadenando contratos para hacer fijos a personas que colocaron a dedo por la puerta de atrás, o dando comisiones de servicio a trabajadores sin la titulación necesaria”.
La corporación que preside Tania Baños (PSPV-PSOE) puso fin a la vinculación con la empresa de González el pasado año después de ganar la alcaldía.
