Alcón, exedil de Cultura de Rita Barberá, es procesada por fraude fiscal
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Mislata (Valencia) ha concluido la instrucción de una causa contra la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón, su madre y sus dos hermanos por presunto delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la magistrada ha dictado el auto que pone fin a la instrucción y da traslado al fiscal para que diga si procede el archivo de la causa, la apertura de juicio oral o la práctica de diligencias complementarias.
Alcón se encuentra investigada al menos en otras dos causas relacionadas con corrupción en el marco del caso Imelsa tanto por el cobro de mordidas en la adjudicación de contratos como por el supuesto blanqueo de capitales en el seno del grupo municipal del PP.
Su marido, el ex vicealcalde Alfonso Grau, también está siendo juzgado en Palma por el caso Nóos y está procesado por cohecho y blanqueo de capitales en relación a la adjudicación de contratos desde la delegación de Turismo.
La instructora procesa a la exconcejal y a tres familiares por concluir que existen indicios de que delinquieron al no presentar la declaración del IRPF correspondiente al padre fallecido, cuya herencia percibieron.
Según recoge el auto, la jueza cifra en 192.131 euros el dinero supuestamente defraudado por los cuatro (la esposa y los tres hijos del fallecido) porque no presentaron la declaración del IRPF correspondiente tras el fallecimiento del causante de la herencia y de la firmeza de la resolución judicial que reconocía al fallecido y a su esposa el justiprecio por la expropiación de dos fincas registrales.
Además, la magistrada considera que “también existen indicios” de que la madre de la exedil defraudó otros 190.000 euros en la liquidación del IRPF correspondiente al ejercicio de 2009.
La jueza considera que tras haber tomado declaración a Alcón y a sus familiares y haber practicado pruebas documentales y testificales, los hechos investigados son “penalmente relevantes” y podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
