Un proveedor de Emarsa confiesa que pagó 1,8 millones de euros en comisiones ilegales
“El objetivo era trabajar para Emarsa, facturar y repartir el dinero”. Sebastían García, uno de los acusados por el caso Emarsa, ha explicado en el juicio por el saqueo de la depuradora de Valencia que entregó 1,8 millones de euros en comisiones ilegales a Esteban Cuesta, el cargo del PP que fue colocado al frente de la empresa pública.
El sistema era siemple. García era el proveedor elegido para facturar por servicios falsos o con precios inflados. Para ello, utilizó compañías de informática y de la construcción que ingresaban dinero de Emarsa que, posteriormente se repartía.
García le entregaba, ha dicho, el dinero a Cuesta. 4.000 euros al mes solo por el contrato de manteninimiento suscrito. Además, una comisión del 60% sobre los beneficios que generaban las operaciones fraudulentas. En total entregó los mencionados 1,8 millones entre 2004 y 2010.
Además, regaló ordenadores, impresoras, televisores, tarjetas regalo de 2.500 euros, instaló cocinas o reformó las casas de varios acusados y otros cargos de Emarsa. Los pingües beneficios de la trama daban para eso y más. García, conocido como 'Chanín, ha confesado que incluso pagó la construcción de una casa de Cuesta en Casas Ibáñez (Albacete).
Según le habría confesado Cuesta. éste se repartía 180.000 euros al mes en comisiones con otros altos cargos: Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP; Juan José Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar) e Ignacio Bernácer, exjefe de departamento de Epsar. La fiscalía pide 14 años de prisión para ellos por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa en combinación con falsedad en documento público y de documento mercantil.
Para Cuesta, blanco de las acusaciones de García, pide 12 años. Tanto Chanín como su hermana -juzgada por ser la administradora de varias empresas de García- han confesado su participación en la trama a cambio de una rebaja en las condenas y la exculpación de otros familiares y de trabajadores de su compañía, imputados al principio del proceso.
