Fiscalía quiere saber si Blasco y Tauroni utilizaron teléfonos móviles desde la prisión de Picassent
La fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juzgado que pregunte al director del centro penitenciario de Picassent si intervinieron en la prisión un teléfono móvil al empresario Augusto César Tauroni, condenado por el conocido caso Cooperación -desvío de ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo-, que también habría usado el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco -condenado a seis años y medio en el mismo procedimiento-.
El ministerio público ha presentado este lunes un escrito en el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que instruye dos piezas del caso Cooperación -la principal ya fue juzgada en el TSJCV-, para que requiera a Picassent los informes sobre esta posible intervención de un teléfono móvil a Tauroni que, tal y como recogía este fin de semana el diario Levante-EMV, podría haberlo usado junto a Blasco para realizar transferencias bancarias.
Fiscalía también solicita el envío del propio aparato para ser analizado por expertos. Al ministerio público no se le ha notificado todavía esa intervención. Este teléfono móvil fue intervenido el pasado mes de junio por funcionarios de la prisión según han explicado fuentes conocedoras de los hechos.
Se sospechaba que Tauroni podía disponer de este aparato porque repentinamente dejó de realizar llamadas autorizadas desde la cárcel, cuando con anterioridad agotaba este derecho del que dispone. A partir de ese momento, los funcionarios establecieron un dispositivo para esclarecer los hechos y localizar, en su caso, algún aparato de telefonía. En junio hallaron este aparato escondido entre unos libros en la biblioteca.
El terminal se encontraba apagado y Tauroni confesó que era suyo, según han indicado las mismas fuentes. No quiso en ese momento desvelar la clave para ponerlo en marcha, con lo que el terminal fue derivado a Seguridad para seguir con las diligencias pertinentes. El móvil provenía del exterior, porque en la cárcel hasta los funcionarios tienen prohibido llevar el suyo.
Según han comentado las mismas fuentes, existen teléfonos que son indetectables en los arcos de seguridad de acceso a la prisión porque son de plástico y podrían haber facilitado uno a Tauroni en algún 'vis a vis' o en alguna otra comunicación.
Blasco ha negado la disposición de ese móvil durante una comparecencia por videoconferencia desde la cárcel en la comisión de investigación de las Corts que estudia el proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para las persones dependientes en los centros del grupo Savia.
Un preso “como cualquier otro”
“Rafael Blasco no ha dispuesto en ningún momento de ningún móvil ni directa ni indirectamente. Ni he sido auxiliar de biblioteca”, ha dicho. El exconseller, en prisión desde junio de 2015, ha insistido en que es un preso “como cualquier otro” y ha agregado que si la información publicada fuera cierta, hoy no podría tener la comparecencia con las Corts porque estaría en una celda de aislamiento y no es así.
“Estoy en una situación absolutamente normal. Tengo una actitud que algunos califican de modélica y he tenido notas meritorias”, ha afirmado desde la “chabola” en la que está, tal y como él mismo ha descrito en otro momento de su intervención.
Por su parte, el propio Tauroni también niega la existencia de ese móvil, según han indicado fuentes de su entorno. El empresario, que fue trasladado a la cárcel de Albocàsser (Castellón) hace alrededor de tres semanas, afirma que jamás ha tenido un teléfono en el interior del centro penitenciario, aunque sí tenía acceso a un ordenador desde la biblioteca que dirigía.
En Albocàsser se encuentra ahora bien, y no ha notado ningún cambio grande con el traslado. También subraya que en el centro penitenciario castellonense le tienen en consideración y lo único que lamenta es la distancia con Valencia, lo que conlleva a su familia a hacer mayores esfuerzos para poder visitarle.
Tauroni solicitó el pasado mes de junio un tercer grado, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se lo denegó al considerar que no concurrían los requisitos exigidos para permitir que el empresario, condenado a seis años de prisión, evolucionase del segundo al tercer grado penitenciario y disfrutase, de este modo, de un régimen de semilibertad.
Además, se consideraba que tenía intereses en el extranjero y se tuvo en cuenta que aún está pendiente de ser juzgado, junto a Blasco, por otras dos piezas del caso Cooperación: el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití y las subvenciones concedidas por la Conselleria a distintas ONG en los años 2009, 2010 y 2011.
