Taula, la mayor operación contra la corrupción en la Comunitat Valenciana
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplegaban el pasado martes en la Comunitat Valenciana la operación 'Taula', que acabó ese mismo día con 24 detenidos y 29 imputados -que desde esa misma noche han ido desfilando por los juzgados para declarar- tras realizar más de una treintena de registros en instituciones, empresas, sedes sociales y domicilios particulares.
Entre los detenidos, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, sus exvicepresidentes Máximo Caturla y Juan José Medina, su exjefe de Gabinete, Emilio Llopis, la exedil popular en el consistorio de Valencia María José Alcón, además de otros representantes del Partido Popular -hasta ocho-, funcionarios y exfuncionarios y empresarios relacionados con el supuesto cobro de comisiones.
'Taula' es sin duda la operación policial más espectacular de las desarrolladas en la Comunitat Valenciana en los últimos años. Sin embargo, otros seis casos de corrupción que afectan al PP valenciano se han destapado recientemente y en los que se repiten las acusaciones de malversación, falsedad documental, fraude fiscal, prevaricación, blanqueo de capitales... El más conocido de ellos, sin duda, Gürtel, que tuvo su origen en Madrid pero que ha tenido ramificaciones en Andalucía y en tierras valencianas, donde ha provocado que pasaran por el banquillo diversos altos cargos del PP valenciano.
Gürtel, la gran trama
Los primeros en desfilar ante el juez, en 2011, fueron el expresident Francisco Camps junto a Ricardo Costa, Gerardo Camps y Rafael Betoret, pero también están imputados exconsellers como Vicente Rambla, Juan Cotino, Alicia de Miguel, Milagrosa Martínez, Angélica Such, Manuel Cervera o Luis Rosado por causas como la financiación irregular del PP valenciano y los contratos de Fitur o con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006.
Destaca también el caso Cooperación, del que ya se ha juzgado la primera de sus piezas -quedan dos- y que ha acabado con el exconseller Rafael Blasco en prisión, donde debe cumplir una pena de seis años y medio por el desvío del dinero de las ayudas para Cooperación al desarrollo para la compra de pisos en Valencia.
Más recientemente, también vimos como otro exconseller popular y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano, desfilaba esposado y escoltado por agentes de la Policía para prestar declaración en los juzgados de Sagunto por las presuntas irregularidades en los contratos de los servicios de extinción de incendios en su etapa al frente de la conselleria de Gobernación en el conocido como caso Avialsa.
Las diputaciones, salpicadas
Otro que ha acabado en prisión es el expresidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, condenado a cuatro años por delitos fiscales en una causa que duró cerca de una década y por la que pasaron hasta 11 jueces. Tampoco se libra la Diputación de Alicante, que se vió salpicada por el caso Brugal y que afecta al expresidente de la institución José Joaquín Ripoll y a los exalcaldes de la ciudad de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, todos ellos del Partido Popular. Así, se da la circunstancia de que quienes fueron los tres presidentes de las tres diputaciones y los tres presidentes provinciales del PP están imputados por corrupción.
También relacionado con la Diputación de Valencia nos encontramos con el caso Emarsa, donde los sobrecostes y las continuas irregularidades en la gestión de la depuradora de Pinedo, de la que el ayuntamiento de Valencia es socio mayoritario, han acabado con 25 imputados y un agujero de 24 millones de euros que se buscan en el extranjero.
El caso Nóos también tiene sus ramificaciones en Valencia, con la imputación del exvicealcalde de Rita Barberá, Alfonso Grau, imputado en la causa por la contratación al instituto del cuñado del Rey, Iñaki Urdangarin, de la celebración de la Valencia Summit.
Otros casos en España
El despliegue que hemos visto estos días en Valencia nos ha recordado a otros operativos que hemos visto recientemente en España, desde la operación 'Petrum', que investiga en Catalunya las comisiones del 3% que supuestamente cobraba Convergència Democràtica y que ha acabado con la imputación de decenas de políticos y empresarios, entre ellos la familia Pujol, con el expresident de la Generalitat Jordi Pujol a la cabeza, o el tesorero de CDC, Andreu Viloca.
Desde hace años también está en marcha 'Heracles', más conocida como el caso de los ERE, que ha hecho tambalear los cimientos de la Junta de Andalucía y que ha acabado con la imputación de cientos de políticos, sindicalistas y empresarios por el desvío de las ayudas para cursos de formación. Las investigaciones apuntan a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En 2014 se era la operación 'Púnica' la que acababa con 51 detenidos, entre ellos Francisco Granados, que fue consejero de Presidencia de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, y más de 200 imputados, con ramificaciones en Madrid, la Comunitat Valenciana o Andalucía. Además de estos, recordamos otras causas como las ya mencionadas anteriormente de Gürtel o Nóos, que se han desarrollado en diversas comunidades, entre ellas la valenciana.
