Imputada la exalcaldesa de Orihuela (PP) por tráfico de influencias en el Plan Zonal
El juzgado de primera Instancia número 3 de Orihuela ha imputado a la exalcaldesa de la localidad alicantina, Mónica Lorente (PP), por la adjudicación del contrato de concesión de obra pública del proyecto de Gestión de Residuos Urbanos de la zona de gestión XVII de la Comunitat Valenciana, correspondiente a la comarca de la Vega Baja. La edil popular ha sido citada a declarar como imputada el próximo 13 de febrero a las 10 horas.
La Fiscalía imputa a Lorente -exalcaldesa, actual edil y diputada provincial- un delito de tráfico de influencias por actuar como “intermediadora” ante el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll -también imputado-, “en favor de los intereses económicos del empresario Ángel Fenoll”.
Brugal
La exprimera edil popular -procesada en la trama Brugal junto al también exalcalde popular de Orihuela José Manuel Medina por supuestas ilegalidades en la adjudicación del servicio de recogida de residuos a Fenoll- aseguraba el pasado mes de octubre tener la conciencia “tranquila” y rechazaba dimitir por este caso, asegurando que “no se puede acreditar ni un sólo indicio, ni una sola prueba, ni un solo hecho” de que haya cometido algún delito.
Además, el juez imputaba el pasado mes de julio -tras una denuncia presentada por el PSPV en 2008- a los concejales de la junta de gobierno en la anterior legislatura -nueve ediles del Partido Popular- por considerar que podían haber delinquido al pagar de manera irregular muchas facturas por servicios directos a las empresas de este mismo empresario.
Irregularidades del Plan Zonal de Residuos
El ministerio público utilizó como base para la imputación unas declaraciones de Lorente en televisión en las que confirmaba la ubicación del Plan Zonal en una finca propiedad de Fenoll, “para que no haya confusión, la ubicación está en la carretera de Torreagüera, muy cerca de la finca Las Pistolas”. Entiende Fiscalía que Lorente “tenía conocimiento, con la única finalidad de actuar en interés económico de los dos empresarios, Enrique Ortiz y Ángel Fenoll”, de la ubicación definitiva de la planta.
Insisten en que en un primer momento se adjudicó el contrato de concesión de la obra pública del proyecto a la UTE Ortiz Gestión de Residuos Urbanos y Enrique Ortiz e Hijos, Contratistas de Obras SA, y en una modificación posterior del Proyecto de Gestión presentada por la adjudicataria, “y aprobado en junta de gobierno el 22 de diciembre de 2008”, se acordó el cambio de ubicación a la finca la Ermita de Torremendo, “ubicación coincidente con las fincas adquiridas por Ángel Fenoll en abril de 2007 para la ubicación de su planta”.
No obstante, al conseguir la adjudicación “el otro imputado” -Enrique Ortiz, “se modificó la ubicación para que también se beneficiará el imputado Ángel Fenoll, menospreciando todos los intereses generales y sin tener en cuenta que esta última ubicación, ya en informe de la Comisión Técnica de 7 de junio de 2007, se considera no apta orientativamente para el Plan Zonal por encontrarse en suelo forestal y geológicamente inadecuado”.
Así, la comisión consideraba que “en caso de resultar adjudicataria esta propuesta, difícilmente podría prosperar la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada ante la conselleria de Territorio por las vigentes figuras de protección ambiental de la zona en cuestión”.
En el informe presentado por Ortiz se localizaba en la finca La Ermita, que coincidía “parcialmente” con la oferta presentada por Fenoll. Finalmente, “sin tener en cuenta el suelo, se consideró válida la solución. Todo orquestado para el único beneficio económico de los dos empresarios”.
