El nuevo PP valenciano entierra sus 'líneas rojas' contra la corrupción
La nueva presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, empieza a marcar diferencias con su antecesor, Alberto Fabra, y lo hace en el que ha sido uno de los principales puntos débiles del PP en los últimos años, la corrupción. La nueva etapa del partido fuera del gobierno de la Generalitat relaja las 'líneas rojas' contra los dirigentes imputados en casos de corrupción y no actuará contra ellos hasta que no se abra el juicio oral “como marcan los estatutos”, afirma Bonig.
En la legislatura anterior Alberto Fabra fue mucho más contundente con los casos de corrupción y el PP instaba a los dirigentes afectados a abandonar sus cargos representativos y la militancia cuando eran imputados. Este era “un criterio respetable”, el de Fabra, según la nueva presidenta 'popular',pero ahora “aplicamos otro”, que considera “el más correcto”.
La situación se ha dado cuando todavía no se han cumplido los primeros 100 días de la nueva legislatura autonómica con la imputación desde la Audiencia Nacional del exalcalde de Gandia, Arturo Torró, y la citación como imputado del diputado Víctor Soler, que debido a su aforamiento se deberá desviar al TSJCV. Ninguno de los políticos involucrados en la trama 'Púnica' por su gestión en el ayuntamiento en la pasada legislatura ha dimitido, y la dirección del PP valenciano les ha abierto expediente pero no va más allá.
Isabel Bonig asegura que la lucha del PP contra la corrupción es “total y absoluta”, pero que se limitará a lo que aparece en los estautos. Esto quiere decir que se abre expediente cuando se imputa a un militante que ocupa un cargo, y que si aparecen “pruebas contundentes” sí que hay una actuación inmediata. Pero entiende que esta contundencia la aportan grabaciones de voz y no, como en el caso de Gandia, que la Guardia Civil afirme que el exalcalde ocultó 900.000 euros en facturas a la Púnica. Así el procedimiento será hacer una suspensión cautelar de militancia cuando se abra juicio oral a los imputados, que llegará a la expulsión si es condenada, o la readmisión si no se la condena.
Y es que no es lo mismo estar gobernando que no, así lo ha insinuado Isabel Bonig al decir que el del President de la Generalitat, Alberto Fabra, “era un criterio determinado, en una situación determinada y con un presidente que consideró que ese era el criterio”, pero que “ahora hay otra situación”. Además Bonig ha hecho su lectura en la dialéctica política afirmando que “no podemos dar armas a la oposición (a los partidos que actualmente apoyan al gobierno valenciano) para que utilice la justicia para hacer política”.
Antecedentes
En la pasada legislatura el PP tuvo un total de 11 renuncias de diferentes diputados (además de otros cargos inferiores y municipales) por diferentes casos de corrupción. Fueron los 8 diputados involucrados en la trama 'Gürtel' (Ricardo Costa, Juan Cotino, Yolanda García, Milagrosa Martínez, Angélica Such, Vicente Rambla, David Serra y Alicia de Miguel), y otros como los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi por el caso 'Brugal', además de de Pedro Hernández Mateo (éste ya condenado y en prisión).
Pero en estos casos ya se mostraron las discrepancias internas, cuando Fabra tuvo que advertir en público a Milagrosa Martínez por su resistencia, cuando los diputados del PP recogieron firmas para el indulto del condenado Hernández Mateo, y el mismo Cotino mostró su disconformidad de criterios. Las discrepancias además también se elevaron hasta tonos desafiantes como el del diputado Andrés Ballester, o el también imputado ex concejal de Valencia, Alfonso Grau. Además, estas líneas fueron de difícil aplicación en los ayuntamientos, dado que Fabra reconoció su limitado poder circunscribiéndolo sólo a las Corts Valencianes.
Casos diferentes fueron los de Rafael Blasco que, pese a estar imputado por corrupción (hoy ya condenado), fue expulsado por hacer duras acusaciones a Alberto Fabra en un programa de televisión. Además quedaron sin expulsión Alfonso Rus (las Corts ya estaban disueltas) que sí fue suspendido de militancia, y Felipe del Baño, debido a que su imputación no era por corrupción sino por un delito administrativo.
