El PSOE podrá interrogar a Rita Barberá en su declaración ante el Supremo
El PSOE podrá interrogar en calidad de acusación a la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá en su declaración como imputada ante el Supremo del próximo lunes, después de que el alto tribunal haya admitido la personación de este partido tras exigirle una fianza de 3.000 euros, que ha sido pagada.
El magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido, instructor de la causa contra Barberá, ha admitido la personación del PSOE como acusación popular en la pieza del Caso Imelsa que se instruye en el alto tribunal.
Pumpido, que fue fiscal general durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero, alertó del “serio riesgo de judicialización de la política” por la personación de partidos políticos en causas judiciales que afectan a dirigentes de otras fuerzas. Lo hizo cuando el PSOE le pidió actuar como acción popular.
No obstante, el instructor fijó una fianza de 3.000 euros al PSOE para personarse como acusación popular en el proceso y ahora, después de que haya sido abonada, ha admitido la personación de la formación socialista.
Riesgo de judicialización de la política
En su auto Pumpido alertaba del “serio riesgo de judicialización de la política” que supone la práctica -“que no existe en los países de nuestro entorno”- de que un partido ejerza la acusación en una causa penal contra una persona relevante de otra formación política.
Dicha práctica, advertía el magistrado, “transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política”.
La senadora y exalcaldesa de Valencia por el PP Rita Barberá comparecerá el lunes a partir de las 10.30 horas, como investigada o imputada por un delito de blanqueo de dinero, aunque voluntariamente, ante el Supremo.
El alto tribunal investiga a la senadora por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como “pitufeo”, supuestamente realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad.
La investigada comparecerá de manera voluntaria para que el magistrado Cándido Conde Pumpido la pueda interrogar antes de decidir si pide al Senado el suplicatorio para actuar contra ella o archiva la causa.
