De Pedro niega ser el 'conseguidor' de la Púnica y denuncia un juicio paralelo “cruel y desmedido”
El empresario Alejandro De Pedro ha negado ser uno de los 'conseguidores' de contratos de la trama de corrupción Púnica y ha asegurado que nunca ha tenido relación con los cabecillas de la red, el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados y su socio David Marjaliza. Además, ha denunciado que se ha visto sometido a un “juicio paralelo cruel y desmedido” que le ha acarreado un “sufrimiento personal y patrimonial que, en sí mismo, ya es una pena”.
Así lo expone su defensa, ejercida por el despacho José Domingo Monforte Abogados Asociados, en un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de trocear la causa en doce piezas separadas para lograr una “tramitación más rápida y ordenada” y permitir “el enjuiciamiento sin dilaciones” de cada una a medida en que finalice su instrucción.
Los abogados José Domingo Monforte, Daniel Sala y Carles Gil piden que todos los hechos que se imputan a De Pedro y sus empresas EICO y Madiva sean instruidos y juzgados en una misma pieza separada puesto que lo contrario supondrá “cinco instrucciones, cinco acusaciones, cinco juicios, cinco exposiciones mediáticas” y, en síntesis, una “tortura procesal” que es “inasumible” en un Estado de Derecho“.
Dicho esto, denuncian que De Pedro se ha visto sometido a un “juicio paralelo cruel y desmedido”, a no poder trabajar en un campo que era pionero y a cerrar una empresa con 26 trabajadores. “El proceso, sus filtraciones y la utilización intencionada de los mismos por intereses espurios diversos, le ha llevado a un sufrimiento personal y patrimonial que en sí mismo ya en una pena”, añaden.
“De Pedro no es Púnica”
“Alejandro de Pedro no es Púnica, ni ha tenido vinculaciones societarias ni económicas de ningún tipo con los señores Marjaliza o Granados”, prosiguen los abogados, para criticar que la investigación en torno a él comenzó a raíz de una serie de “elucubraciones y conjeturas carentes del mínimo rigor” que le situaron en una posición de 'cabecilla' de la trama “alejada de la realidad”.
De Pedro, que critica la “desproporción mediática” de su caso, subraya que ha sido un empresario del sector de la comunicación 'online' de reconocida profesionalidad técnica que ha contado con un equipo de profesionales de “primer orden”, constatado por la naturaleza de sus clientes, la mayoría empresas de IBEX o de una “extraordinaria” relevancia social y económica.
La defensa del empresario, que se encuentra en libertad y a quien la Audiencia Nacional le devolvió la fianza de 50.000 euros, ha argumentado que los hechos que se le imputan pueden ser instruidos en una sola pieza puesto que no revisten complejidad económica ni tienen relación con Granados ni Marjaliza.
Un centenar de imputados
La 'operación Púnica' estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' suscritos en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.
Entre los exaltos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa, se encuentra, ademá de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; la exconsejera de Educación Lucía Figar; el exconsejero y exviceconsejero de Educación Manuel Pérez Gómez; o el exconsejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás.
En relación con la Región de Murcia, se investiga al exconsejero de Industria y Turismo Juan Carlos Ruiz; la ex directora general de Turismo Mariola Martínez Robles; al ex jefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria José Fidel Saura; a la ex directora del Instituto de Fomento Reyes Samper, o al secretario técnico del Instituto de Turismo Jesús Norberto Galindo.
El expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez y el ex interventor general de este organismo Manuel Jesús Sánchez están encausados en el procedimiento, al igual que nueve antiguos alcaldes, doce exconcejales y trabajadores municipales de diversos municipios madrileños.
