La corrupción en el PP de las Corts: 4 renuncias, 1 expulsado, 1 condenado y 5 a la espera
Los casos de corrupción que azontan al PP valenciano en las corts han movido muchos escaños, y todavía pueden mover más, el último hasta ahora el del exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi. A un año de que termine la legislatura más convulsa en las Corts el grupo popular ha visto como, a causa de la corrupción y de las 'líneas rojas' que exigen ejemplaridad en el parlamento (no en los ayuntamientos) ya se han producido 4 renuncias de escaño, una condena (renuncia incluída), un diputado ha sido expulsado al grupo de no adscritos, y todavía quedan 5 casos pendientes de que se fije juicio oral, punto límite que concede Alberto Fabra para la renuncia antes de ser expulsado.
La primera renuncia, la del exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, se hizo de rogar y llegó en diciembre de 2012 tras esperar a ser condenado a tres años de prisión por delitos de falsedad documental y prevaricación. Su condena abocó a la polémica con el intento de pedir el indulto sus propios compañeros del PP en las Corts.
El segundo caso no fue una renuncia, sino una expulsión, la del todavía diputado Rafael Blasco, conseller en todas las administraciones populares hasta la actual y juzgado por el caso 'Solidaridad' de malversación de fondos destinados al tercer mundo, tráfico de influencias y prevaricación. Blasco no ha renunciado a su escaño, y el PP lo ha expulsado de su grupo pero en teoría no por que fuera a ser juzgado (ahora ya pendiente de sentencia) sino por realizar declaraciones públicas contra la Generalitat.
La siguiente en marcharse fue Alicia de Miguel, quien fue exconsellera de Eduardo Zaplana y de Francisco Camps. En su caso la renuncia se produjo en pleno verano, en julio de 2013, y se vistió en un primer momento como una renuncia por motivos “estrictamente personales” por la mañana, pero el mismo día de Miguel fue imputada en el caso de corrupción 'Gürtel' por las contrataciones con Orange Market.
Los casos más recientes han sido también por el caso de presunta financiación ilegal del PP 'Gürtel' y las contrataciones con la trama valenciana vinculada a Orange Market. De este modo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana imputó a las exconselleras Angélica Such y Milagrosa Martínez. Las 'líneas rojas' de Fabra fueron asumidas inmediatamente por Such que renunció pronto a su escaño, pero más costó convencer a Martínez, también expresidenta de las Corts y alcaldesa de Novelda, quien acató la renuncia como un “acto de disciplina”, eso sí, estar salpicada por la corrupción no le impide mantenerse al frente de su ayuntamiento.
La más reciente, de ayer miércoles, fue la renuncia del exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, quien renunció por motivos de salud. Siendo innegables estos argumentos, la renuncia también entraría dentro de la doctrina de renuncia antes de sentarse en el banquillo de los acusados por corrupción, así Alperi está imputado por tres delitos contra la hacienda pública y cohecho impropio, además de estar implicado en el caso de corrupción 'Brugal' en el que se investigan las irregularidades de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante.
Pero en el año que queda de legislatura podrían ser todavía más los casos de renuncia (o expulsión en un extremo) porque aún hay otros 5 imputados por corrupción sentándose en escaños de las Corts. Así en el mismo caso 'Brugal' también está implicada la sucesora de Alperi en la alcaldía de Alicante, Sonia Castedo. Por otro lado la alargada sombra de Gürtel está cubriendo las cabezas de los diputados 'populares' Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra y Yolanda García.
No obstante cabe recordar que la generosidad de las 'líneas rojas' hasta la apertura de juicio oral permite que los diputados imputados disfruten de su protección de aforados, y cuando dimiten torpedean la agilidad del proceso judicial porque puede cambiar de tribunal. No obstante lo que podría ser entendido como una estrategia de dilación ya se intenta frenar desde el TSJCV advirtiendo que detecta “fraude de ley” en esta práctica.
