La jueza prorroga hasta diciembre de 2018 la investigación por las irregularidades en la Fórmula 1
El Juzgado de Instrucción número 2 de València ha aprobado una nueva prórroga de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la organización del Gran Premio de la Fórmula 1 que acogió la ciudad. El nuevo plazo para concluir la instrucción es de 18 meses y expira en diciembre de 2018.
Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en relación con un procedimiento en el que están investigados el expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; la exconsellera de Deportes Lola Johsnon; y el expiloto Jorge Martínez Aspar por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
De esta forma, el juez ha estimado la petición formulada por la Fiscalía de València, a la que se opuso la defensa del expresidente del Ejecutivo autonómico. La instructora fundamenta su decisión en las diligencias aún pendientes de practicar en esta causa y recuerda que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está analizando abundante documentación en una “complicada” y “laboriosa” tarea que justifica la prórroga de la investigación.
La querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centró en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó “ni un euro”, en perjuicio de los fondos públicos, y la orden para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.
Los otros dos son, según la querella, la orden que Camps dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares “sin asumir ningún derecho”.
Recientemente se ha incorporado al procedimiento judicial un informe pericial de la Dirección General de la Intervención de la Generalitat que concluye que las obligaciones adquiridas en julio de 2011 por el Gobierno autonómico entonces presidido por Camps al firmar un contrato por el que se convirtió en avalista en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en València se hicieron “sin la cobertura legal” necesaria para ello y hubieran requerido de una ley de las Corts Valencianes.
