Las sombras del 'rey' Arturo Torró

Gandia se encuentra bajo sospecha. Adjudicaciones “dudosas”, una red de testaferros que accede a los contratos del ayuntamiento, empresas pantalla y un alcalde salpicado por varios escándalos. Esta es la radiografía de las acusaciones que realiza el PSPV a Arturo Torró, alcalde de Gandia, población que vive un fuego cruzado de denuncias entre populares y socialistas, donde Torró se ha librado de estar imputado y el ex alcalde del PSPV, José Manuel Orengo, sí que lo ha sido.

Arturo Torró ha visto su nombre salpicado por el último gran escándalo de corrupción. El alcalde contrató al presunto 'conseguidor' valenciano de la Operación Púnica, Alejandro de Pedro, por unos “19.000 0 20.000” euros por posicionar la web del consistorio, según admitió. También, reconoció haber contratado los servicios del imputado en la trama de Granados para su campaña electoral de 2011. Pagos, eso sí, totalmente legales.

Su nombre, además, también se ha visto involucrado en los informes de la UDEF sobre el caso Gürtel. Un informe revelado en octubre, implicaba al alcalde en supuestos pagos “para reducir la deuda” con la mercantil de la trama capitaneada por Correa, Orange Market. Una implicación en Gürtel que no era nueva, ya que había sido citado como testigo al aparecer su nombre en un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional en la causa de la financiación ilegal del PPCV. El primer edil declaró entonces que no había nada sospechoso y que el pago fue ordenado por el entonces ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, imputado en la causa.

Asimismo, Torró fue protagonista de un “episodio extraño”, según afirma Vicent Marcarell, edil del PSPV de Gandia. El primer edil popular fue imputado, en principio, por presunta desobediencia en la orden de readmitir e indemnizar a 12 trabajadores de las Escoletes. Sin embargo, la juez al día siguiente rectificó y afirmó que Torró no estaba imputado sino querellado. Mascarell afirma que “yo nunca he conocido un juez que rectifique en menos de 24 horas. Cuando vaya a declarar se verá que está imputado”. El alcalde, no obstante, explica que fue “un error que la juez subsanó al día siguiente” y que “si hubiera sido imputado, sería por un presunto delito de carácter administrativo, pero no de corrupción”.

“Presunto Corleone”

“Torró es el Corleone de una trama presuntamente criminal”. La afirmación, pronunciada por Mascarell, es la inculpación más grave que se plantea sobre el alcalde popular de Gandia. El edil del PSPV acusa a Torró de “utilizar su función pública para beneficiar a terceras personas, muchas de ellas, vinculadas a su actividad mercantil y empresarial previa a su llegada a la alcaldía”.

El representante socialista explica que la supuesta trama funciona “a través de una serie de testaferros de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel, donde estos últimos nunca tienen una vinculación directa con Torró”. Precisamente estos, según el representante socialista, serían los que recibirían las contratas del ayuntamiento. “Utiliza la misma técnica que la camorra: hay personas intermedias que actúan como cortafuegos para romper la relación directa con él”, afirma Mascarell. El edil socialista destaca que socios de sus empresas “como Amparo Barrios, José Miguel Pérez Casanova, Marian Martson o Luis Doménech serían algunos de los testaferros de primer nivel que tiene el alcalde”.

Pero, no acaban aquí las acusaciones de Mascarell. Denuncia la vinculación de algunos socios de Torró entre ellos a través de sociedades que califica de “pantallas”, a raíz del análisis de la facturación, número de empleados y riesgo comercial de estas; que antiguos socios empresariales del alcalde como Jesús Estruch, ahora asesor jurídico del ayuntamiento y encargado de velar por la legalidad de algunas adjudicaciones y letrado del alcalde, haya administrado un grupo de funerarias que tenía su sede en uno de los domicilios de Torró; y lo llamativo de que el alcalde haya vivido en un domicilio donde radicaban cinco empresas que no tenían relación con él.

Acusaciones que Torró afirma que son “totalmente falsas y que no se han podido demostrar” y que responden “a una oposición desnortada que solo quiere ensuciar y difamar mi nombre”. “La realidad es que en Gandía solo hay dos imputados y son del PSOE: José Manuel Orengo y Ana García”, indica Torró. Asimismo, el alcalde afirmó, a Interviú, sobre Estruch, que a él “solo le llevó dos casos, que estaba en el ayuntamiento por ganar la plaza en concurso y que era solo un conocido, no un amigo. Nunca ha comido en mi casa”.

Mascarell, reconoce, que es muy difícil “demostrar todo el entramado, aunque sepas que es cierto, si no tienes toda la documentación y que por eso acudimos a los juzgados por hechos concretos que vamos descubriendo”.

Precisamente, uno de estos hechos que los socialistas de Gandia denunciaron fue el de la contratación de la televisión privada. Torró cerró la anterior televisión pública que había en la ciudad y adjudicó dos contratos por 1,7 millones cada uno. El primero a Comarques Centrals Televisió S.L, propiedad de un empresario próximo a Alfonso Rus (presidente provincial del PP), según publico El País, concesión gestionada a través del grupo Radio Gandia S.A. El segundo, el cual fue llevado al juez por parte del PSPV de la ciudad, se otorgó a Inversiones Especiales Mediterráneo S.A. que emitía con la marca de Tele7. Las dos empresas fueron las únicas en presentarse al concurso a través de un procedimiento “de invitación”.

Los socialistas denunciaron que el dueño de Inversiones Especiales Mediterráneo S.L., era José Codina, antiguo gerente de la cooperativa del Centro Histórico, cuando Torró era presidente de esta, y que este había compartido domicilio fiscal con el alcalde. A su vez, Mascarell afirma que “el verdadero dueño era Arturo Torró. No lo decimos sin pruebas: él mismo dijo que intermedió en la compra”. Hechos que el alcalde negó en su día. La denuncia sigue investigándose en la fiscalía.

De adjudicaciones “dudosas”, alquileres y estatuas

Las sombras del alcalde no terminan con estas acusaciones. Hay más. El PSPV criticó la licitación del diseño de un parque infantil en la remodelación de la Plaza del Prado a la empresa Aprisco Lands Sociedad Limitada. La licitación se produjo por la fórmula de negociado sin publicidad ni concurrencia, en la que se presentaron tres empresas. De estas tres empresas, una se retiró finalmente del concurso.

La propietaria de la mercantil era Ana Pastor, persona de confianza de Torró, según el PSPV, que reformó “restaurantes y locales de ocio que eran del alcalde, así como un piso alquilado por él”. Una sospecha que puede plantearse al ver que la empresa no está especializada en parques infantiles, sino que su objeto social es el de “comercio al por menor de elementos de mobiliario, lámparas, objetos de decoración y regalo y pinturas sin firma y juguetes”.

Torró reconoce que Ana Pastor “es amiga personal” suya, pero afirma “que como media Gandia, ya que fui presidente del Centro Histórico”. El alcalde, por su parte, denuncia que “hay que ser muy cobarde para meterse con gente de Gandia, sobre todo cuando el socialista Boix tiene que declarar por dar 5 millones de euros en adjudicaciones a dedo”.

Parte de las adjudicaciones se hacen a través de la empresa pública municipal Iniciatives Públiques de Gandía (IPG), que ostenta una deuda de más de 50 millones de euros. La empresa está en proceso de desmantelamiento, ya que según Torró “esta empresa fue creada por los socialistas para contratar amigos y endeudar al ayuntamiento vía empresa pública”.

No obstante, Mascarell, niega las acusaciones y atribuye a Torró la responsabilidad del agujero de la empresa municipal, ya que para él IPG “es la cueva de Ali Baba. Está llena de presuntos delincuentes y hay más de 90 enchufados del PP en nómina, cuando al salir nosotros del ayuntamiento la empresa solo contaba con 5 trabajadores”. El edil del PSPV, explica que la deuda de la empresa “se ha doblado en dos años” y que el anterior equipo de gobierno se gastó el dinero “haciendo obras y comprando bienes para la ciudad”, mientras el PP “lo hace en conciertos, saraos y jornales”.

Una empresa pública denunciada por su opacidad y que fue condenada por la justicia a abonar las facturas al PSPV. Pero, en este caso la mala suerte imposibilitó que la oposición fiscalizara la empresa, ya que un virus informático, diez días después de la resolución, eliminó parte de la documentación de la sociedad. La mercantil municipal también sufrió dos robos sin fuerza.

Sin embargo, no solo existen sombras en las adjudicaciones. El episodio de quién pagaba el alquiler de su piso contiene casualidades extrañas. Torró vivía en una vivienda alquilada a la sociedad hortofrutícola Infilev SL, empresa que logró que el consistorio le vendiera un solar en un proceso llamativo.

El ayuntamiento sacó a la venta el solar donde estaba ubicado McDonald’s, al que concurrieron la multinacional estadunidense y la empresa Infilev. La adjudicación de la venta la ganó la empresa propiedad de Fernando Guillem por solo 200 euros. Todo después de que se modificará el pliego de condiciones, quitando la cláusula de revisión del contrato de alquiler con la corporación alimenticia conforme al IPC. Semanas después, el alcalde se trasladó a vivir a un piso propiedad de la adjudicataria, en la misma finca donde se encuentra la sede del PP de Gandía. El alquiler del inmueble se abonó a través de una sociedad del alcalde: Torró Visión Holding.

Torró, en la junta de portavoces posterior a la revelación declaró que la empresa que pagaba el alquiler era Ipon 2012 SL, empresa administrada por Pérez Casanova, socio empresarial del alcalde, según relata Mascarell. Sin embargo, Torró ante estos hechos afirma que a él “no le paga nadie, ya que es empresario” y que lo único que buscan es “difamarle y mancharle”.

Un alcalde, que para Mascarell, “se puede decir que por sus formas de gobernar es como el rey Arturo”. Y pone de muestra el suceso de la escultura de Antoni Miró, donde el alcalde estuvo imputado por desmontar y trasladar una escultura que rememoraba la batalla de Almansa. Finalmente, la imputación fue archivada. Sin embargo, las sombras habitan en el castillo del 'rey' Arturo Torró.