El juez ve “suficientes indicios de criminalidad” contra el exdelegado del Gobierno
El Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia) ha levantado el secreto del sumario de la causa que se sigue por un presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales.
En estas diligencias se encuentra imputado -junto a más de 30 personas más, el exdelegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, por supuestas irregularidades cometidas en su etapa como exconseller de Justicia de la Generalitat. Castellano fue detenido en mayo de 2015 y quedó en libertad, con medidas cautelares (retirada del pasaporte y prohibición de la salida del territorio nacional).
La causa nace de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en mayo de 2015. En ese momento, se acordó el secreto de las actuaciones, secreto que, según recoge el auto notificado este viernes a las partes, ha ido prorrogándose para “practicar cuantas diligencias eran necesarias para el esclarecimiento de los hechos, su naturaleza y personas presuntamente responsables” y garantizar el éxito de la investigación.
Más de 30 personas y 20 empresas investigadas
Hasta este momento hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas por amañar, supuestamente, concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional (Italia y Portugal). Las diligencias están abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.
En el auto se acuerda el cese del secreto de las actuaciones “al haber podido identificar a los presuntos responsables de los delitos investigados respecto de los que existen indicios racionales de criminalidad en relación a los hechos que constan en las presentes diligencias”.
La resolución del juez permitirá a todas las partes personadas en la causa tener acceso “a la totalidad de las presentes diligencias” porque, según argumenta el magistrado instructor, ha desaparecido el riesgo de “alterar, destruir u ocultar nuevas fuentes de prueba”.
Además, de Castellano, la causa se sigue contra un exalto cargo de la Generalitat Valenciana y un alto cargo del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Catalunya. Ambos fueron arrestados el pasado 13 de enero en el marco de la operación policial desarrollada por el Grupo 24 de la UDEF por orden del juez instructor, que, acordó la libertad provisional con la adopción de las mismas medidas cautelares que impuso al ex delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana y ex conseller de la Generalitat.
El dispositivo incluyó la práctica de 20 registros en empresas y viviendas. Además de la Comunitat Valenciana y Cataluña, la operación (detenciones y registros) se desarrolló de forma simultánea en Andalucía, Baleares, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha. En esta última comunidad no se practicaron registros porque en las diligencias se investigan contratos de la Administración con empresas de la trama, ninguna de las cuales tiene sede física en dicha región.
