La denunciante de EU de Imelsa sale sin cargos tras declarar ante la Guardia Civil
La vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valencia y denunciante del conocido como caso Imelsa, Rosa Pérez Garijo (de Esquerra Unida), ha aseverado este martes que respecto a su actuación como consejera de la empresa pública Imelsa “no hay duda alguna”.
Pérez Garijo ha declarado durante cerca de tres horas ante los agentes de la UCO de la Guardia Civil tras ser citada como investigada en el marco de unas diligencias abiertas por la supuesta contratación encubierta de asesores en Imelsa, empresa dependiente de la Diputación provincial.
Preguntada a su salida por si creía que con su declaración se han despejado las posibles dudas sobre la contratación de los asesores, ha respondido: “Respecto a mi actuación, no hay duda alguna”.
Ha explicado a los periodistas que había sido citada “por ser miembro del consejo de administración de Imelsa” y ha informado de que ha presentado “documentación al respecto”.
“Se me ha citado con abogado para garantizar mis derechos, ni más ni menos”, ha apuntado la diputada provincial, quien no ha sido informada de que deba comparecer ante el juez, a diferencia del resto de asesores, concejales y otras personas detenidas en el marco de este caso.
Ha reivindicado que su papel en este proceso es el de acusación y no el de acusada y ha insistido en que su situación como investigada se ha producido para garantizar la protección de sus derechos.
Pérez Garijo no ha desvelado a los periodistas las preguntas ni el contenido de la declaración porque había sido advertida expresamente por los agentes de la UCO de que no podía hacerlo, aunque se ha mostrado convencida de que toda la documentación que ha aportado sobre Imelsa habrá servido para aclarar las cosas.
En su opinión, tras haber declarado hoy ya no sigue investigada: “Yo creo que no, he declarado ya que era para lo que se me citaba. Quizá tendré que ratificar ante el juez pero no tengo la citación”.
“Podría haber venido sin abogado perfectamente, hubiese dicho lo mismo. No es plato de buen gusto venir aquí”, ha agregado Pérez Garijo, quien ha considerado “indignante” que se le haya citado como investigada cuando ella se había ofrecido “varias veces a la UCO para venir, ofrecer información y hablar”.
“Al final ha sido de esta forma para proteger determinados derechos, pero quienes estábamos en la oposición no teníamos capacidad de gestión”, ha dicho en referencia a la pasada legislatura.
La Operación Taula es la mayor investigación contra la corrupción en la Comunitat Valenciana. El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia investiga a más de 80 personas (políticos del Partido Popular, asesores y empresarios) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales.
Las pesquisas acabarán, salvo sorpresa, con la imputación de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y han forzado una comisión gestora en el Ayuntamiento de Valencia -nueve de sus 10 concejales son investigados por blanqueo de capitales- y el nombramiento de una gestora que intentará refundar el partido a escala regional.
De momento, Pérez Garijo y los otros cargos públicos de izquierdas no han sido imputados judicialmente. La investigación se limita al ámbito policial.
