El experto valenciano defiende que la reestructuración de la deuda autonómica incluya la condonación
“A la vista de las cifras, para que la deuda autonómica permita la vuelta al mercado de las comunidades se requiere muy probablemente en algunas de ellas una reestructuración de la misma que incluya quitas”. Así se expresa Francisco Pérez, integrante del comité de expertos que ha elaborado el informe sobre el modelo de financiación autonómica a propuesta de la Generalitat Valenciana, en un voto particular.
Francisco Pérez aporta un gráfico en el que puede constatarse cómo la Comunidad Valenciana tenía en 2009 una deuda de 16.113 millones de euros, la segunda después de Cataluña (25.661 millones) y en 2016 había aumentado hasta 44.658 millones, la segunda tras Cataluña en términos absolutos (75.098). Se trata de una deuda que en buena medida es consecuencia principalmente, no solo de la insuficiencia general de recursos de todas las comunidades, sino de la infrafinanciación a iguales recursos por habitante ajustado.
De ahi que sostenga algo que el gobierno valenciano ha apuntado reiteradamente: la necesidad de incluir la condonación de una parte de la deuda acumulada dentro de los mecanismos de reestructuración del endeudamiento. Aunque no lo dice, a una operación como esa se la conoció en su momento en Andalucía como una devolución de la “deuda histórica”.
“En suma, la recuperación de las condiciones de sostenibilidad de algunas comunidades parece difícil sin aumentos importantes de sus ingresos, ajustes sustanciales de sus gastos y/o reestructuraciones profundas de sus deudas”, sostiene Francisco Pérez. “Negar que esta última posibilidad incluya quitas no parece realista y asociarla a un problema de ajuste insuficiente de los gastos y el consiguiente riesgo moral constituye una simplificación que resta objetividad a la valoración”.
Según los cálculos que aporta Francisco Pérez, la deuda derivada de las insuficiencias de financiación representa en el periodo 2009-2016 más de 18.000 millones de euros, “pero en algunos casos los problemas se prolongan hacia atrás porque las insuficiencias se vienen manteniendo en sucesivos modelos en forma de financiación inferior a la media”. Así, las insuficiencias desde 2002, año en que se completa la descentralización de competencias a las comunidades autónomas, “ascienden a 31.495 millones y se concentran en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Madrid, Illes Balears, Murcia y Castilla-La Mancha”.
