El diputado imputado de Castellón solo dejará el escaño si se le abre juicio o si lo pide el PP
“No estoy aquí para crear problemas”. Óscar Clavell, diputado nacional del PP por Castellón, respondió con esta frase a la pregunta de si piensa dimitir por su procesamiento por presunta corrupción en su etapa como concejal del municipio castellonense de Vall d'Uixó. Clavell explicó que dejará el escaño si su formación política se lo pide: “Estoy a la entera disposición de mi partido”. No obstante, aclaró que, si la decisión depende de él, no abandonará el Congreso a menos que su procesamiento lo lleve definitivamente al banquillo. Es decir, a menos que se abra juicio oral.
Clavell hizo estas declaraciones en la mañana del jueves ante la prensa en Castellón. Además de por su condición de diputado nacional recién elegido, la situación legal de este político adquiere importancia por su estrecha relación con Isabel Bonig, la actual líder del PP autonómico. Clavell fue el elegido por Bonig para asumir la alcaldía de Vall d'Uixó en 2011, cuando ella la abandonó para asumir responsabilidades a nivel regional.
Además, el diputado cometió los presuntos delitos de los que se le acusa en diciembre de 2010, cuando ejercía de alcalde accidental en sustitución de Bonig, mientras ésta disfrutaba de su semana de vacaciones. En este sentido, Clavell aseguró que tomó todas las decisiones solo, sin consultar a su entonces jefa, y que ella después no le pidió explicaciones al respecto. “La decisión fue únicamente mía”, insistió. Preguntado por si ha hablado con Bonig estos días, afirmó que sí, y que ella mantiene una posición de “prudencia” y no le ha pedido la dimisión. No ha tenido tiempo, añadió, de hablar todavía con los responsables del Grupo Popular en el Congreso.
El miércoles se conoció que la jueza que investiga el caso por el que está imputado Clavell considera terminada la instrucción. Es uno de los últimos pasos antes de la apertura de juicio oral. Clavell está imputado por prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales. Él aseguró que es el primer interesado en que el proceso se “agilice” y se pueda demostrar su inocencia.
Aforado cuando ya estaba imputado
Aforado cuando ya estaba imputado No obstante, su inclusión en las listas para el Congreso por parte del PP y su posterior elección como diputado nacional lo convierten en aforado. Esto quiere decir que el proceso se retrasará porque sólo puede juzgarle el Tribunal Supremo. A este respecto, él afirmó que “lo primero que he hecho es preguntar a mi abogado si se puede renunciar al aforamiento y me ha dicho que no”. La única manera de hacerlo es renunciar al escaño, pero durante su comparecencia Clavell desechó en varias ocasiones esta opción, al menos en este momento.
El diputado y exalcalde dio amplias explicaciones sobre los hechos que el juzgado investiga. Se le acusa de pagar más de 706.000 euros a la empresa privada Secopsa, concesionaria de los servicios de limpieza del Ayuntamiento, a pesar de que los informes técnicos municipales le avisaron de que no era conveniente porque la compañía no estaba llevando a cabo su labor correctamente.
Pagó “para evitar una huelga”
Pagó “para evitar una huelga”Clavell explicó que esa cantidad tan elevada era el resultado de seis meses de retraso en los pagos a la empresa por parte del Ayuntamiento. Añadió que decidió pagar para que los empleados de la empresa pudieran cobrar, para evitar una anunciada huelga de recogida de basuras en plena Navidad, y porque si no lo hacía en ese momento (27 de diciembre de 2010), el cambio de año le impediría disponer de la cantidad consignada para ello en el presupuesto anual del Ayuntamiento.
Añadió que los mismos técnicos municipales le hicieron llegar otro informe en el que reconocían que no habían avisado correctamente a la empresa de qué tareas se estaban haciendo mal, y que por lo tanto lo más probable es que en un hipotético juicio, sería Secopsa la que ganaría el derecho a cobrar lo debido. Clavell explicó que, de hecho, la empresa ganó un juicio posterior, por el que el Consistorio tuvo que abonar los intereses de la demora en el pago. El exalcalde concluyó que es un “asunto totalmente político” porque la investigación se inició por una denuncia del PSOE e IU, entonces en la oposición.
