Los directivos de Feria de Valencia hacen la vista gorda sobre los sobrecostes y excesos del ente
“No me he preocupado de mirar por el retrovisor, lo he hecho hacia delante, que es lo que se me pedía”. Con esta frase del secretario general de Feria de Valencia, Luís Martí, puede resumirse la primera jornada de comparecencias en la comisión que investiga el desfalco en el ente. Nadie quiere saber nada.
Tanto Martí como Enrique Soto, el actual director general, han eludido valorar la anterior gestión y han rechazado que se produjeran sobrecostes en la ampliación del ente. Intervención General cifró en un informe de 2014 en 1.000 millones de euros la cuantía que se pagó la reforma, frente a los 300 millones presupuestados (un 160% de incremento); 22 millones de euros en viajes y 1'8 en dietas para los directivos del ente. Ambos han rechazado valorar estas cifras porque consideran que los sobrecostes “todavía están por acreditar”.
Las obras que acometió la entidad entre 2001 y 2006, apra las que recibió dinero público, eran “necesarias” porque de no haberse acometido Feria Valencia se hubiera quedado en una situación de “inferioridad”. “Otra cosa es si se hizo de manera adecuada”, ha explicado Soto.
“No hubo tarjetas black”
Los gestores rechazan esta denominación para las tarjetas de crédito que empleaban sus antecesores en el cargo. Las tarjetas visa que utilizaron cuatro directivos para compras de lujo y comidas en restaurantes, entre otros gastos de representación suman 22 millones de euros. Ambos han considerado, en un discurso similar, que la cifra corresponde al conjunto de gastos de representación y que no son tarjetas “ni black ni opacas”, porque todos los gastos quedan registrados. Más de 47.000 folios de registro en 14 años entregados a la Fiscalía, según ha explicado Martí.
Sin embargo, ningún directivo cuenta con una tarjeta de crédito para gastos de representación, según aseguran. “Eran prácticas de otra época. Si hay problemas legales, lo tendrán que determinar otros”, ha dicho Soto.
El congreso impagado del PP, a juicio el 14 de marzo
Entre los casi 5 millones de euros que esta institución tiene pendientes de cobrar hay una deuda que sobresale por encima de otras. El congreso del PP de 2008 en el que se aupó a Mariano Rajoy como candidato a la presidencia del Gobierno y que el partido todavía no ha pagado. Según Feria Valencia, los populares deben 560.000 euros y no tienen intención de abonarlos.
El contrato se realizó sin firmar ningún documento por la “confianza” de la dirección con el partido, pero entienden que hubo contrato verbal y esta es la versión que defenderán en el juicio. La vista oral está prevista para el 14 de marzo. Según los gestores, el PP discute la prescripción de los motivos de la factura, algunos conceptos y alegan que la cesión de suelo era gratuita.
La anulación del ERE podría costar más de 6 millones
El TSJ de la Comunitat anuló el ERE que Feria realizó en 2014 el pasado noviembre al estimar que hubo fraude de ley. Se despidieron a 106 trabajadores de los cuales 33 ydemandaron a la entidad. La entidad ha recurrido la sentencia y se encuentra pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo por lo que Soto ha precisado que el cálculo no se conocerá hasta que la sentencia sea firme y que dependerá de cuántos trabajadores soliciten su readmisión. Si reclamaran todos los trabajadores, se estima el coste de la readmisión en 6 millones de euros.
