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Los extrabajadores de Canal 9 critican al Consell por no negociar su vuelta

Los extrabajadores de RTVV, en una concentración a las puertas del Palau de la Generalitat

Voro Maroto

Los extrabajadores de Ràdio Televisió Valenciana han desenterrado el hacha de guerra contra el Consell. En un comunicado firmado por los seis sindicatos del comité de empresa que tenía Canal 9 -el PP cerró la televisión manu militari en 2013- se arremete contra dureza contra el gobierno formado por el PSPV-PSOE y Compromís.

Los antiguos empleados acusan al ejecutivo liderado por Ximo Puig de no “explorar la vía de negociación”, arriesgar 200 millones euros por no dialogar con los extrabajadores sobre su recolocación, usar “tácticas dilatorias” para no abordar sus reivindicaciones e incluso, sutilmente, de mentir.

“En contraste con la actitud mantenida en la pasada campaña electoral, los partidos del Consell han jugado con el futuro de los trabajadores alimentando promesas que ahora no tienen voluntad de mantener ni concretar”, dicen los sindicatos, que comparan al actual con al anterior gobierno valenciano. “Debemos concluir que este Consell da por buena la política laboral del PP en RTVV”.

La protesta sindical llega tras una reunión con el responsable del gobierno valenciano para relanzar RTVV, José María Vidal, el secretario autonómico de comunicación. El lunes se conoció el borrador que, a falta del debate final, guiará el nuevo Canal 9, de apertura prevista para el final de 2016. En él, los extrabajadores -despedidos en un ERE aceptado por la mayoría de empleados y sindicatos- tendrán proridad, pero no exclusividad, en caso de que quieran trabajar en la televisión pública.

200 millones en el aire por la demanda de CGT

Entre crítica y crítica, los extrabajadores tienden la mano al Consell para negociar en base a una “propuesta seria” que persiga varios objetivos, entre ellos, el de tener en especial consideración la “experiencia acumulada” y las oposiciones o pruebas selectivas aprobadas en Canal 9 (“sistema de acceso del personal al servicio de la antigua RTVV”). En caso contrario, creen, la Generalitat se arriesga a perder 200 millones de euros.

Ese, dicen, sería el coste para el contribuyente de una sentencia que anule el ERE -denunciado por la CGT ante la Audiencia Nacional, que aún debe resolver- con el que se despidió a los 1.600 trabajadores de RTVV en 2014. No es la primera vez que saltan chispas entre los extrabajadores y el Consell. En septiembre, la vicepresidenta, Mónica Oltra, puso en duda la legitimidad del comité de empresa y recordó que la mayoría de trabajadores aceptó voluntariamente el despido colectivo.

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