Tres comunidades contra el “expolio” en su financiación
No hay siglas que valgan. Pese al acuerdo alcanzado en el ámbito estatal entre PP y PSOE para aprobar un objetivo de déficit del 0,6%, el conseller de Hacienda valenciano, el socialista Vicent Soler, votó en contra de esta medida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado jueves en Madrid -al igual que hicieron la representante de Baleares (con gobierno de también socialista en coalición con MÉS y con el apoyo parlamentario de Podemos) y el de Catalunya. Las tres urgen a acabar con el “expolio” que implica su injusta financiación.
La Generalitat Valenciana (gobernada por PSPV y Compromís) mantiene su particular lucha por la reforma del sistema -Soler viajó a Madrid con un mandato del Consell y de las Corts para exigir la reforma urgente de la financiación autonómica-, por lo que no podía aceptar la mejora acordada, que liberará 1.100 millones de euros para todas las comunidades autónomas, muy lejos de las necesidades valencianas. La Generalitat prevé cerrar el presupuesto de 2017 con un desfase negativo del 1,4% y la necesidad de que el Gobierno central transfiera 1.300 millones de euros a sus arcas para poder cuadrar las cuentas.
La vicepresidencia valenciana Mónica Oltra apuntaba al respecto de lo sucedido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera: “Nopodemos comulgar con ruedas de molino con una propuesta que no es justa para los valencianos”, ya que que las condiciones eran “muy lesivas” para la Comunitat Valenciana. Además, insistía en que es “insostenible” que sitúen a todas las comunidades en el mismo linde de déficit.
Así, el gobierno de Ximo Puig se desmarcó del acuerdo entre socialistas y populares, al igual que hizo la también socialista Francina Armengol. Ambas comunidades tienen claro que es preciso cambiar el sistema de financiación. El pasado mes de febrero, los dos gobiernos se reunieron en Baleares y dejaron claro que había que romper el 'statu quo' español que ha provocado que estas dos comunidades tengan la peor financiación per cápita del estado. De este modo, acordaron hacer un frente común para exigir que se garantice la igualdad entre todos los ciudadanos.
Catalunya, ¿por libre?
La otra comunidad que tampoco aceptó el techo de gasto pactado entre los dos principales partidos del parlamento español fue Catalunya, que también se siente perjudicada por el actual sistema de financiación autonómica. Su presidente, Carles Puigdemont, recordó en septiembre, cuando visitó Valencia para reunirse con Ximo Puig, que el actual modelo es injusto, además de llevar tres años caducado, lo que provoca una importante falta de recursos.
No obstante, el president catalán, que se mostró “pesimista” sobre la posibilidad de que se apruebe una nueva financiación o sobre el sistema que, en caso de salir adelante, pueda diseñar el departamento de Cristóbal Montoro, tampoco es partidario de hacer un 'frente común' con otros territorios infrafinanciados teniendo en cuenta el poco éxito de iniciativas anteriores.
Andalucía se desmarca
Quien, pese a padecer infrafinanciación, sí que dio su visto bueno al objetivo de déficit marcado por Moncloa -con el beneplácito del PSOE- fue el gobierno andaluz de Susana Díaz. El pasado mes de febrero, Díaz y Puig reclamaban en Valencia que el Gobierno perdonara la deuda de las comunidades autónomas mal financiadas.
Menos sorprendente resulta que Murcia, gobernada por el popular Pedro Antonio Sánchez, también haya aprobado el objetivo de déficit. Y ello a pesar de que ambos ejecutivos autonómicos rubricaron una “alianza” para reivindicar una mejor financiación.
Así las cosas, se abre un frente en el que están alineadas dos de las comunidades autónomas mediterráneas peor financiadas -la Comunitat Valenciana y Baleares-, una alianza en la que de momento no está Catalunya, a pesar de la buena sintonía entre los tres gobiernos autonómicos.
