El Consell da luz verde al polémico proyecto que incluye la instalación de Ikea
El pleno del Consell ha declarado este viernes como Actuación Territorial Estratégica (ATE) -quinta declarada en la Comunitat Valenciana- el proyecto Alicante Avanza-Innovation Park-Shopping Centre en el que está prevista la implantación de la multinacional Ikea, objeto de la polémica por las relaciones entre el empresario Enrique Ortíz y la alcaldesa de la localidad y exdelegada de Urbanismo, Sonia Castedo.
Según ha explicado la consellera de Territorio, Isabel Bonig, se trata de un proyecto “prioritario y fundamental” que “nada tiene que ver” con el procedimiento judicial en el que Castedo y Ortiz están imputados en el 'caso Brugal', al tiempo que manifestaba que el Consell no ha “recibido ninguna presión” del empresario alicantino.
Comienzo de la tramitación
Con la declaración de la ATE Alicante Avanza, comienza el proceso de tramitación de esta Actuación Territorial Estratégica mediante la elaboración del plan, que debe cumplir todos los requisitos y condicionantes del Consell para, posteriormente, ser sometido a un período de participación y consulta pública durante 45 días.
Una vez finalizada esta fase, se incorporarán las alegaciones que se consideren oportunas y posteriormente el Consell aprobará el proyecto, “si se cumplen todos los requisitos se aprobará y si no se cumplen no se aprobarán”.
220 hectáreas
El proyecto prevé la creación de un gran espacio multifuncional en Alicante de una extensión aproximada de 2,2 millones de metros cuadrados -220 hectáreas-, sobre los que se plantean actividades y usos terciarios, empresariales y espacios públicos, ubicados en uno de los nodos de actividad económica que se establecen en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, el de Alicante-Elx.
Entre los principales sectores de este espacio multifuncional el proyecto incluye un equipamiento comercial “de relevancia y ámbito de influencia regional” capaz de acoger firmas “de elevado reconocimiento internacional”, como Ikea, con un área terciaria complementaria.
Innovation Parck
Por último, el proyecto incluye la creación de un parque público metropolitano de 1,2 millones de metros cuadrados de “gran calidad paisajística”, que permitirá regenerar y poner en valor las Lagunas de Rabassa, que se encuentran su el entorno y que cuentan con una elevada capacidad de atracción para su uso social sostenible. Alicante Avanza contará con más de 700 millones de euros de inversión entre directa, indirecta e inducida, y 4.000 empleos.
Bonig ha explicado que se ha designado a la Conselleria de Economía como órgano responsable del seguimiento y control de la ejecución de la actuación y a la de Infraestructuras como responsable de la tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación.
Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante es el responsable de la tramitación y la aprobación de las infraestructuras de gestión y ejecución de la actuación, para lo que contará con el “apoyo” de la Conselleria de Infraestructuras.
Asimismo, la consellera ha señalado que esta declaración se condiciona a la formalización por parte de la mercantil Alicante Avanza de la garantía provisional, cifrada en el 1% de la suma de las inversiones previstas en infraestructuras y obras de urbanización, en el plazo de 15 días desde la notificación del acuerdo.
Críticas de la oposición
La diputada autonómica de Esquerra Unida Esther López Barceló explicaba que, con la aprobación de la ATE, el Consell ha actuado de forma “vergonzosamente cómplice con Sonia Castedo y con el empresario de cabecera del PP que es Enrique Ortiz”, al tiempo que insistía en que las escuchas publicadas demuestran “cómo se estaba pasteleando y montando desde hace años por parte de Castedo y Ortiz un presunto pelotazo al que ahora el señor Fabra le da ahora mismo el pistoletazo de salida”.
Desde esta formación no entienden cuáles son las razones reales para que el Consell “quiera meterse en un proceso que seguramente los tribunales declararán ilegal dentro de un tiempo”, y calificaba el proceso de “absolutamente vergonzoso”.
Desde Compromís, la diputada Mireia Mollà también ha rechazado la ATE de Ikea por lo que “supone asumir un nuevo proyecto urbanístico y económico que no atiende a criterios racionales y únicamente se guía por los intereses del promotor Enrique Ortíz, en contra de los intereses del pequeño y mediano comercio”. Además, de apuntar que es una propuesta “desregulada y al margen del Plan General”.
De igual modo, Mollà recuerda que la ATE es consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anulaba el Plan Rabassa y que está siendo investigada en el marco del caso Brugal.
