La Generalitat destinará más de 4.000 millones de su presupuesto de 2014 a pagar deuda
De los 17.088 millones de euros que tiene de presupuesto la Generalitat Valenciana para 2014 (incluida la administración, empresas, organismos y fundaciones públicas), aproximadamente una cuarta parte del mismo, más de 4.000 millones, se destinarán al pago de deuda.
Esto supone un notable incremento con respecto al presupuesto del actual ejercicio (más de un 200%), cuando se destinaron inicialmente al pago de deuda 1.300 millones. En 2013 ya se vio duplicada esta cantidad con respecto a 2012 (entonces se destinaron 600 millones).
Así lo ha denunciado la diputada autonómica Mireia Mollà durante la defensa de las enmiendas parciales presentadas por el grupo parlamentario de Compromís, que pretendía que se realizará una auditoría de la deuda pública de la Generalitat para diferenciar la deuda “ilegítima” de la “legítima”. Finalmente, tal y como era previsible, los votos del Partido Popular impidieron que la enmienda saliera adelante en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de Les Corts.
Mollà aseguraba que con esta auditoría se actuaría, “poniendo en marcha los mecanismos legales oportunos”, para paralizar el pago de aquella deuda pública considerada “ilegal, por la que estamos pagando unos intereses de usura”; mientras que la que se reconociera como “legal”, se elaboraría un plan diseñado por la Generalitat para negociar con entidades, organismos y administraciones la rebaja de los costos financieros que provoca.
Estos más de 4.000 millones de los presupuestos autonómicos, “se podrían destinar a políticas sociales, Sanidad y Educación”, apunta la parlamentaria de Compromís, quien recuerda que el informe de los expertos sobre financiación apunta que se debe parar esta situación. En caso contrario, insiste Mollà, “se convierte en una dinámica autodestructiva”.
Desde el Partido Popular, Sagrario Sánchez, incidió en que la Sindicatura de Comptes “reconoce como legítima” toda la deuda de la Generalitat, una cuestión con la que Mollà mostraba su desacuerdo, “no creemos que sea legítima la compra de Valmor por 40 millones de euros o las ampliaciones de capital en empresas públicas”.
Sánchez tildó de “demagógicas” la intervención de la diputada autonómica de Compromís y les instó a acudir a los juzgados, “si usted pone en duda la legalidad de determinadas cuestiones, lo que deben hacer es acudir a los tribunales, no presentar enmiendas”.
La diputada del PP también hizo referencia, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, a la idea de 'tripartito' (PSPV, EU, Compromís) al referirse a que “ustedes confían en el 'supergobierno' que creen que va a salir de las próximas elecciones”.
