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El TSJCV admite a trámite la querella contra Francisco Camps por la compra de Valmor

Rita Barberá, Bernie Ecclestone y Francisco Camps en la presentación de la Fórmula 1 en Valencia.

Miguel Giménez

Valencia —

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciano (TSJCV), ha sido admitida a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción presentada contra el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, por supuestos delitos de malversación y prevaricación en la compra de la empresa gestora del Gran Premio de Valencia de Fórmula 1, Valmor Sports. La investigación queda acotada al periodo comprendido entre abril de 2006 y el 19 de julio de 2011, en el que Camps era jefe del Consell.

La querella -que también se dirige a la exsecretaria autonómica y exconsellera Lola Johnson y al copropietario de Valmor, el exmotociclista Jorge Martínez 'Aspar'- se produjo a raíz de la denuncia presentada por los diputados Eva Martínez (PSPV), Josep Moreno (PSPV) e Ignacio Blanco (Esquerra Unida) al entender la Fiscalía que Camps negoció directamente con el magnate Bernie Ecclestone, así como que fue el president quien instó a la Generalitat que se constituyera en avalista de Valmor sin seguir el procedimiento adecuado y quien ordenó a Johnson la firma del contrato por el que el Consell comprometía el aval.

Declaración de Ecclestone

El TSJCV estaba pendiente de la traducción de la declaración de Ecclestone para poder decidir acerca de la competencia sobre la imputación de Camps por su condición de aforados -el expresident de la Generalitat es diputado autonómico en Les Corts-, una traducción que el fiscal Anticorrupción de Valencia aceleró tras recurrir a los servicios de la Fiscalía General del Estado.

Denuncia Manos Limpias

El sindicato Manos Limpias solicitaba el pasado viernes la imputación del jefe del Consell, Alberto Fabra, por la adquisición de Valmor Sport por parte de la Generalitat por un euro, una empresa que contaba con una deuda de 50 millones de euros, ya que aseguraban que en la operación de adquisición de la empresa se “eludieron los controles de legalidad que pudieran frenar u obstaculizar la aprobación de la operación”

 

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