La herencia de Marcos Benavent en la Diputación de Valencia: 10.000 cipreses
Al 'yonki del dinero' podría llamársele también 'yonki de los cipreses'. Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, dejó muchas herencias políticas y presupuestarias en esta empresa dependiente de la Diputación de Valencia. Una de ellas fueron 10.000 cipreses para una investigación sobre incendios forestales.
Imelsa, en época de Benavent, acordó con un instituto italiano el trasporte de 7.000 ejemplares de este árbol a España para estudiar su hipotética capacidad como cortafuegos, junto a 3.000 ejemplares con los que ya contaba la empresa. Tras un incendio en 2012, este grupo se salvó de un incendio en Andilla y se propuso su utilización como objeto de estudio, en el marco de un programa europeo con el nombre de Cypfire.
Con el nuevo gobierno en la Diputación de Valencia y la reconversión de Imelsa -investigada por corrupción- en Divalterra, el departamento de Medio Ambiente se replanteó el estudio. Al prinicpio parecía viable, reconocen fuentes de Medio Ambiente, pero quisieron cerciorarse. Tras contrastar con los técnicos y con otros estudios científicos, que ponían en duda la capacidad ignífuga de los cipreses, así como advertían de los riesgos como especie invasora, creció el escepticismo ante el estudio.
A medida que en Divalterra iba conociendo más sobre el proyecto, más extraño parecía. Por ejemplo, existe un departamento de Árboles Monumentales, cuando desde la entidad nadie reconoce esta encomienda, ya que hay otro departamento así dependiente de la Generalitat. Tampoco se han encontrado con un contrato de mantenimiento de estos árboles con el vivero que los custodia, ni compromisos o protocolos de seguimiento con el instituto italiano.
El proyecto lleva paralizado casi dos años, lo que ha supuesto un coste de 25.000 euros solo en su mantenimiento. Reanudarlo, asegura Medio Ambiente, supondría un coste de más de medio millón de euros. “Por responsabilidad en la gestión decidimos no seguir con el proyecto”, explican las mismas fuentes. Así que tanto por el presupuesto como por las dudas de su validez científica, la diputación ha decidido no ir más allá. Por el momento, han elaborado un contrato con el vivero que los mantiene hasta diciembre, cuyo coste supondrá otros 6.000 euros.
Mientras tanto, buscan un nuevo espacio para estos 10.000 ejemplares. Según comentan, se está hablando con las universidades o institutos científicos para ofrecerlos y destinarlos a la investigación, ya que el contrato prohíbe su venta comercial. De lo contrario, acabarán como plantas de jardín.
