El juez imputa al PP y quiere que Barberá declare por blanqueo de capitales
El juez encargado de investigar el caso Taula ha imputado al PP por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el partido en Valencia y ofrece a la exalcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, la posibilidad de “declarar voluntariamente” antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo. El fiscal cree que “existen indicios suficientes de la participación” de la senadora, ahora aforada, en los hechos investigados.
El juez, además, ha llamado a declarar de nuevo, siempre como imputados, a los cuatro miembros del partido “investigados por su proximidad al dinero supuestamente ilícito”. Según el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, comparecerán otra vez Alfonso Novo, presidente del PP de Valencia y portavoz en el Ayuntamiento de la ciudad; María José Alcón, exconcejal de cultura, también imputada por el supuesto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas; Carmen García Fuster, secretaria del grupo municipal del PP y mano derecha de la exalcaldesa, y María José Pi, su secretaria.
Siempre según el TSJ, el juez “ofrece” la posibilidad de declarar “voluntariamente” en Valencia no sólo a Barberá, sino también a Miquel Domínguez, concejal del PP en el anterior mandato y ahora diputado autonómico y, por tanto, también aforado. Ninguno de ellos está imputado, de momento, en la comisión del delito de blanqueo de capitales por el que están investigadas 48 personas y el PP de Valencia ha sido prácticamente disuelto.
48 imputados por blanqueo de capitales
El magistrado ha levantado este lunes el secreto de sumario que afecta a la única pieza separada de la Operación Taula, la del blanqueo de capitales. El fiscal y la Guardia Civil creen que el PP utilizó el dinero de mordidas para financiarse de manera irregular. La procedencia ilegal del dinero se habria intentado ocultar mediante un burdo sistema: se pedían aportaciones de 1.000 euros vía transferencia bancaria que luego eran devueltas en metálico.
Por este asunto está imputado casi todo el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia -nueve de 10 concejales-, gran parte de los asesores y la mayoría del personal. Y, para el fiscal -“existen indicios suficientes de la participación”... - Barberá también debería ser imputada. El juez, sin embargo, considera oportuno seguir la doctrina del Tribunal Supremo y agotar la investigación para que, llegado el momento, tanto esta instancia como el TSJ dispongan de la máxima información que les pueda ser de utilidad para “valorar la implicación indiciaria de las dos personas aforadas”.
Por ello, interrrogará de nuevo a los cuatro imputados mencionados del PP -“cabe la posibilidad de que quisieran, ahora, suministrar información que podría ser valiosa o reveladora de hechos o circunstancias ignotos en este momento, y que podrían servir para aproximarnos a la verdad”- y dará la oportunidad de explicarse a Barberá antes de, si procede, elevar la causa al Supremo, el único tribunal que puede procesar a un senador.
Barberá no sería interrogada
Según el TSJ, “de aceptar la fórmula de la declaración voluntaria, la senadora y el diputado autonómico comparecerían ante juez y fiscal, asistidos por abogado, previa designación de procurador y habiendo tenido conocimiento de las actuaciones. El juez les otorga un plazo de veinte días para declarar si lo desean. No serán interrogados. Y, alternativamente a esta comparecencia voluntaria, podrían presentar un escrito alegando lo que consideren oportuno en relación a los hechos investigados y a su posible participación en los mismos”.
Paso previo antes de la posible imputación
La declaración voluntaria de los aforados es una posibilidad que contempla la ley. “No implica proceder alguno del órgano judicial”, de momento, “contra” Barberá y Domínguez. Se trata, según el juez, de un trámite que persigue garantizar su derecho de defensa “para que puedan dar a conocer hechos y circunstancias de posible interés para la causa y manifestar lo conducente a su defensa en relación con la investigación, que aparentemente les implica, antes de decidir sobre la petición interesada por el fiscal”.
Es decir, tras su declaración -si deciden efectuarla- el magistrado decidirá si acepta la petición del fiscal para que sean el Tribunal Supremo -en el caso de Barberá- o el TSJ -Domínguez- los que investiguen a los aforados. Mientras, el juez ordena nuevas diligencias y pide al PP que nombre a la persona “que habrá de prestar declaración en calidad de investigado (término que sustituye al de imputado) por un delito de blanqueo de capitales”.
Operación Taula: 115 imputados por corrupción
La Operación Taula se lanzó por las prácticas supuestamente corruptas de varios cargos del PP e instituciones y entidades bajo su control. Según el TSJ, la investigación se centra en Imelsa (empresa de la Diputación de Valencia), la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa de la Generalitat encargada de construir colegios públicos bajo sospecha por sobrecostes millonarios) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales.
El juez ha decidido levantar el secreto de sumario sobre la pieza separada del caso -la del blanqueo de capitales- mientras que lo ha prorrogado un mes más para el resto de la causa. La macrorredada policial de enero acabó con la detención de 24 personas, entre ellas, 12 empresarios y varios dirigentes del PP: Alfonso Rus, expresidente de la Diputación, Máximo Caturla y Juan José Medina, exvicepresidentes, Alcón o García Fuster.
