El juez imputa a 56 personas por el blanqueo de capitales del PP de Valencia
El juez que investiga la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia ya ha imputado a 56 personas por blanqueo de capitales. Esta rama de la Operación Taula intenta esclarecer si el partido se valió de dinero procedente de mordidas o comisiones ilegales para costear su funcionamiento y sus campañas electorales.
Los investigadores del caso -la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía- creen que el partido ideó un burdo sistema de lavado de dinero. Los concejales y otros miembros del partido transferían por banco 1.000 euros que luego se les devolvían, sin que tuviera reflejo en la contabilidad, en billetes de 500.
María José Alcón, exconcejal del PP, reconoció esa práctica. Su marido, Alfonso Grau, vicealcalde con Rita Barberá, ahora procesado en el caso Nóos, acusa directamente a la exalcaldesa, Rita Barberá, de conocer la financiación ilegal del partido. “Algo sí” sabía. Y una exasesora del partido fue rotunda al respecto: “ Era blanqueo, un asunto turbio y me negué a participar”. Otros concejales, sin embargo, han negado la práctica que ha dejado contra las cuerdas a Barberá. Él último, este mismo miércoles, Silvestre Senent.
El juez ha citado a declarar a otras 19 personas implicadas en el asunto, básicamente asesores y personal administrativo del PP de Valencia y otra gente vinculada al partido. Ahora mismo ya son 80 los imputados en la Operación Taula. La macroredada policial empezó con la detención de varios altos cargos del PP valenciano, acusados de varios delitos contra la administración pública, entre ellos, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude.
Juez y Fiscal creen que se pudo producir el amaño de contratos en distintas administraciones públicas: Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (la empresa pública que construía colegios, también investigada por las Corts Valencianes) y la Fundación Jaume II El Just. Se investigan contratos desde el año 2003.
